El Congreso del Estado aprobó ayer que se inicie a la brevedad una investigación a fondo de la empresa Riviera Álamo, ligada a la exfuncionaria del Gobierno del Estado, María Esther Monsiváis Guajardo, la cual obtuvo contratos por adjudicación directa por más de 24 millones de pesos sólo este año. Serán la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas las que lleven a cabo las indagatorias.

En sesión ordinaria celebrada ayer, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó un punto de acuerdo mediante el que solicitaron, además de la investigación por parte de la ASE y la Sefir, a la Secretaría de Finanzas un informe sobre el estatus y registro como proveedor, el acta constitutiva, así como los comprobantes de erogaciones a su favor.

“La empresa ha facturado con cargo al erario coahuilense desde cobijas y bolos hasta electrodomésticos sin licitaciones públicas,  todo en adjudicación directa y sin aparecer en el registro de proveedores del Gobierno del Estado”, señaló el diputado panista Jesús de León Tello.

De la misma forma, a la Sefir se le solicitará una explicación con los motivos por los cuales no se ha seguido alguna investigación en contra de funcionarios que pudieran estar involucrados en el escándalo de las empresas fantasmas, incluida Monsiváis Guajardo, extitular de la Seint.

“Para cualquiera resulta absurdo que ni una ni otra secretaría se hayan percatado de los registros irregulares y las operaciones de todas las empresas que ya fueron expuestas en la comparecencia del Secretario de Finanzas antes comisiones de este Poder Legislativo y ahora de ésta, que ha derivado en la renuncia de Monsiváis a su puesto”, dijo.

Por su parte, el diputado José María Fraustro Siller aseguró que se apoyará la propuesta del PAN y será la próxima semana cuando comparezca ante el Congreso del Estado el Auditor Superior del Estado para explicar la información requerida.

REPORTE DE OBRAS
Por otro lado, la también legisladora panista Lariza Montiel presentó por separado otro punto de acuerdo en el que se exigirá a la Secretaría de Finanzas que emita un reporte de todas las obras públicas que se han desarrollado por el Gobierno del Estado en el periodo del 2012 al 2016.

“Es urgente en este Congreso que se rinda un informe de la totalidad de las obras de Infraestructura, su localización, montos de inversión, exigiremos que se agregue el proceso de contratación. Con una Secretaría tan importante, nos queda mucha duda de cuál es el manejo y si es desaseado”, afirmó Montiel Luis.

Finalmente se leyó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno del Estado una explicación sobre el destino que se le dio al crédito de 830 millones de pesos que contrató el Gobierno del Estado a finales del 2015, pues a pocas semanas de que termine de pagarse, no se ha dicho para qué se usó.
Todos los puntos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad, por lo que tendrán que enviarse los exhortos a la brevedad.