El género ya no podrá ser una razón de discriminación en la vida laboral de Coahuila. El Congreso de Estado aprobó ayer diversas modificaciones a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para que el ascenso, estabilidad de empleo y otros rubros sean derechos por igual para los trabajadores tanto del sexo masculino como del femenino.

Los legisladores locales de Coahuila aprobaron ayer, derivada de una iniciativa planteada por la diputada Claudia Morales Salazar, la modificación del artículo 41 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Coahuila, mismo que reglamenta sobre las acciones para la igualdad en la vida económica de los coahuilenses.

“Son acciones a la Ley mediante las cuales se contribuya a erradicar las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, previendo la igualdad de oportunidades en las que se consideren las capacidades y formación profesional de la persona para acceder a un puesto de trabajo, más que el sexo o alguna discapacidad”, señala el dictamen emitido por la Comisión de Igualdad y No Discriminación.

Se agregó un apartado al artículo señalado para que las entidades públicas deban “vigilar que el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, así como el acceso a la formación profesional y la capacitación no sean vulnerados en razón de sexo o discapacidad, cualquiera que este sea”, señala textualmente la modificación.

Por otro lado, los legisladores también acordaron modificar el artículo 20 de la Ley. Ello derivado de una iniciativa presentada por la diputada Sonia Villarreal Pérez con el objetivo de ampliar las facultades del Gobierno del Estado en el tema de igualdad.

“La incorporación de medidas para contribuir con el combate de la violencia y del trato diferenciado que permita erradicar con todas aquellas prácticas discriminatorias y de exclusión que deterioren el tejido social y que impiden el adecuado desarrollo de la población”, señala el dictamen aprobado por unanimidad.

Dentro de los lineamientos modificados, el Gobierno del Estado estará obligado a establecer medidas para erradicar la violencia de género y la violencia familiar, así como la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

De la misma forma, deberán de garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.