Tras dos meses de haberla presentado en Palacio Nacional junto con el sector privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al sistema de pensiones, con una dedicatoria en las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

De acuerdo con el documento de 57 páginas, donde el Ejecutivo describe las deficiencias actuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y su poco alcance para una población que está envejeciendo, afirma que “en un comparativo de 43 sistemas distintos realizado por la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS), México se ubica en la posición 31, con costos superiores a la media internacional”.

Por ello, el Gobierno federal propuso regular las comisiones que cobran las Afores, al adicionar un párrafo al Artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, “a fin de sujetar a las comisiones que cobran las Afores a un monto máximo, el cual será el resultado del promedio aritmético de las comisiones aplicables en Estados Unidos, Colombia y Chile”.

Las comisiones que los ahorradores pagan en esos países son de 0.45, 0.62 y 0.54 por ciento, respectivamente. Hoy en México cobran en promedio una comisión sobre saldo de 0.92 por ciento; en caso de bajar, en el país se replicaría.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) considera innecesario establecer un tope máximo a las comisiones que cobran las Afores.

“Tiene por objeto establecer un tope máximo a las comisiones que se cobran en el SAR, por lo que se considera innecesaria, en tanto existe el compromiso de descenderlas a niveles internacionales, así como porque entendemos que, de aprobarse la reforma, se daría un incremento en los saldos de ahorro de los trabajadores, lo cual permitiría que las comisiones disminuyan con mayor rapidez”, aseveró la organización que representa a las diez Afores que operan en el país, en un comunicado.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Bernardo González, presidente de la Amafore, aseguró que “la propuesta que se presentó el 22 de julio era más amplía… Hacienda no quiso poner demasiados elementos para no confundir a los trabajadores”.

Propuesta limitada: IP y expertos

Para Tapen Sinha, director del Centro Internacional para la Investigación en Pensiones del ITAM, esta reforma solo ayuda a las personas que ya están registradas en el IMSS.

“No hace mucho por las personas que están completamente fuera del sistema. Tampoco es aplicable para los gobiernos estatales y locales. Lo más importante, no nos dice de dónde provendrá el dinero extra para pagarlo. Como resultado, está lejos de ser una reforma integral de pensiones para todos los mexicanos”, sentenció el experto.

Por su parte, Pedro Vásquez, autor del libro: “Pensiones en México: la próxima crisis”, afirmó que la reforma es solo una corrección de cotizaciones, “no es una reforma de pensiones. El alcance será limitado y los temas pendientes son enormes”, aseguró Vásquez.

Para Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), abrir la puerta al control de precios puede ser un enorme riesgo en los servicios financieros del país, además de violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y seguir dando incertidumbre a la inversión privada.

Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló en su cuenta de Twitter, que la propuesta de la reforma al sistema de pensiones del presidente López Obrador “se aparta de lo negociado con el sector privado”.

"Se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros violando el T-MEC, lo que es absurdo, ya que las comisiones son determinables por otros países”, publicó en su cuenta de Twitter.

La preocupación manifestada por la iniciativa enviada a la Cámara baja radica en el apartado que plantea un control de precios en las Afores, cuando este distorsiona la libre competencia, perjudicando directamente a los consumidores, que en este caso son los trabajadores de México, y se genera incertidumbre jurídica al establecer un tope máximo, agregó.

Explicó que el cambio "pondría en riesgo la viabilidad de las Administradores de Fondo para el Retiro, que representan el segundo participante más importante del sector financiero mexicano".

"Nos pronunciamos en desacuerdo con los cambios hechos en el último momento en la iniciativa presentada”, remarcó De Hoyos.

De acuerdo con Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, el control de precios puede ser un antecedente para las expropiaciones.

“Se debe inducir a una baja en comisiones de Afores, pero hay formas. En el caso de las Afores hay que cambiar de saldo a flujo”, dijo el experto.