De acuerdo al diario El País, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, concluye su último informe confidencial con la imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos de los 120 millones de dólares que movió en ese país europeo, Juan Ramón Collado, abogado de Enrique Peña Nieto.

EL PAÍS ha tenido acceso a este documento inédito fechado en octubre de 2018 que está incorporado a las pesquisas por blanqueo y asociación ilícita que se desarrollan contra Collado desde 2016 en un juzgado del principado pirenaico.

El informe sostiene que el cliente de un banco tiene que justificar el origen de sus fondos. Y Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas, según los agentes. El pequeño Estado permaneció hasta 2017 blindado por el secreto bancario. Los investigadores  aprecian indicios de blanqueo en las cuentas de Collado, destacan la “opacidad” de sus movimientos y la “nula” trazabilidad del dinero.

Tras escrutar centenares de ingresos y trasferencias, los agentes rebaten en un documento de 244 páginas la tesis que expuso Collado sobre sus fondos en julio de 2016, cuando declaró como investigado por un presunto delito de blanqueo ante la juez andorrana Canòlic Mingorance. El letrado indicó entonces que parte del capital que colocó en la BPA procedía de los beneficios de una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los noventa. Un negocio que —según relató a la magistrada— generó unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares (unos 75 millones de euros) en 14 años.

Los investigadores andorranos se refieren a las casas de empeño como “un sector de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo”. Y consideran que el esquema que tejió el abogado de Peña Nieto en el principado pirenaico se concibió para despistar sobre el verdadero beneficiario del dinero.

EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Collado.

Fundaciones holandesas bajo sospecha

El caudal de fondos del letrado circuló en Andorra por un tinglado de cuentas a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas que se nutrieron de las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias, según el informe. Detrás de estas mercantiles se escondían fundaciones holandesas (stinchting), una herramienta financiera de máxima opacidad.

“El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentración de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad”, indica el informe. “No se puede acreditar que los importes transferidos a través de las cuentas de las casas de cambio procedan del señor Collado”, añade.

La unidad de inteligencia andorrana se apoya también en un trabajo con idéntica conclusión de la consultora que auditó las cuentas de la BPA tras su intervención, PricewaterhouseCoopers.

El abogado se encuentra investigado en esta causa que fue archivada provisionalmente en 2018 y reabierta el pasado agosto con el embargo de 76,5 millones.

Los agentes cuestionan numerosos pagos, transacciones y transferencias. Sospechan de una operación que permitió a Collado hacerse con acciones de la sociedad mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV tras su adquisición en febrero de 2015 a un implicado en la trama de malversación de fondos conocida como caso Banamex. Y reprochan que las sociedades que figuraban como titulares de sus cuentas en la BPA recibieran fondos de la mercantil Hinton SL. Una empresa que —según la UIFAND— tenía un carácter instrumental. “Estos movimientos no tienen lógica económica, sirven para crear opacidad”, aprecia el documento.

La unidad de inteligencia recrimina al letrado que no justificara con documentos los abonos que recibió en Andorra de las casas de cambio. Y critica que percibiera traspasos de sociedades como Team Faith International Limited, “vinculadas a operaciones de compensación de clientes en México”. La compensación es un sistema utilizado en ocasiones para blanqueo.

Los agentes destacan que una de las cuentas del letrado recibió fondos de una sociedad vinculada a operaciones falsas, Distribuidora Comercial Franwis S. A. de CV.

Según la UIFAND, “el elevado volumen de préstamos” que solicitó Collado solo puede enmarcarse en una dinámica de “blanqueo de capitales”, ya que —según este organismo de inteligencia— no resulta creíble que un cliente con unos ingresos “tan elevados” pida dinero fiado para comprar dos aviones. “[El abogado] solicita un préstamo de dos millones de dólares y, posteriormente, se amortiza mediante la solicitud de otros préstamos a pesar de que tiene unos elevados ingresos periódicos”, indica el informe.

La investigación por blanqueo y asociación ilícita contra Collado en Andorra corre paralela a las pesquisas que acechan al abogado de Peña Nieto en México. El letrado se encuentra desde el pasado 9 de julio en prisión en este país tras ser arrestado por supuestos delitos relacionados con al lavado de dinero y crimen organizado.

La fortuna que el abogado ocultó en Andorra fue congelada junto al resto de los clientes de la BPA en marzo de 2015, cuando el banco se cerró por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Mingorance embargó los fondos por un supuesto delito de blanqueo. La causa fue archivada de forma provisional después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada del principado informes donde exculpaba a Collado y esgrimía que la causa ya estaba juzgada. La respuesta de México obligó a Andorra al archivo provisional del caso, ya que no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero.

La detención de Collado durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ha facilitado a la justicia andorrana la reapertura del caso y el embargo de los fondos de este letrado conocido como el abogado del poder por haber pilotado las defensas de poderosos hombres mexicanos, como el sindicalista de Pemex Carlos Romero Deschamps o un hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94).

Collado transfirió desde sus cuentas andorranas 10,5 millones a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de su detención.

Con información de El País