Por César Reveles Aguilar para Animal Político

En octubre de 2015, un grupo de indígenas de la tercera edad de Quintana Roo fueron invitados por personal del DIF estatal e INAPAM a someterse a una operación para retirarles las cataratas de los ojos. Dicha intervención se realizó de manera gratuita, auspiciada por la Fundación Cinépolis, mediante su programa ‘Del Amor nace la vista’. Durante la cirugía decenas de pacientes adquirieron una infección que provocó que alrededor de 50 perdieran la vista total o parcialmente, de acuerdo con la fundación No Más Negligencias Médicas (NMNM).

“Yo quería sólo lentes, no estaba de acuerdo en operarme, pero ellos (los médicos) me insistieron, me dijeron que si no lo hacía me iba a quedar ciega y sería una carga para mis hijos. Yo veía bien pero me operaron de un ojo y me lo fregaron, ahora ya no veo”, relata Natividad Méndez, una de las personas afectadas tras la operación de 2015.  A dos años de los hechos, al igual que ella, otras cuatro personas con apoyo de la organización No Más Negligencias Médicas siguen en busca de atención y justicia para resarcir los daños.

Cada uno de ellos ha interpuesto una demanda en contra de Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, el DIF estatal y los médicos responsables de las operaciones, por reparación de daños y la pronta atención al estado de salud, bajo el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esta ley “reconoce el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”. Pero han pasado varios meses y las autoridades “han retrasado deliberadamente los procesos legales”, cuenta con el abogado de las víctimas, Alejandro Foyo Vega.

Pero estos denunciantes no son los únicos afectados, ya que el presidente de NMNM, Fernando Aviléz Tostado, quien sigue el caso desde diciembre de 2015, asegura son más de 50 los afectados derivados de las cirugías en aquella entidad. Pero “la mayoría de ellos por diversas causas, entre otras, el haber recibido amenazas, no se atrevieron a denunciar”.

Aviléz Tostado relató en entrevista para Animal Político que en octubre de 2015 personal del DIF de Quintana Roo y del INAPAM invitaron a un grupo de personas de la tercera edad a realizarse una operación de cataratas en el Instituto de Salud Visual de Quintana Roo (ISVI), que sería pagada por Fundación Cinépolis. Ambas dependencias trabajan en coordinación con la fundación en determinados estados, para elegir a los candidatos para la operación.

“Al llegar al Instituto de Salud Visual, los médicos nos dijeron que todo el procedimiento sería seguro y que si no nos operaban en ese momento nos íbamos a quedar ciegos”, cuenta Alicia Brito, indígena que perdió la vista del ojo izquierdo al contagiarse del virus. Asegura, al igual que Natividad, haber estado insegura de realizarse la operación pues veía muy bien, pero los “médicos no dejaron de insistirme hasta que tuve que aceptar”.

Estas cinco víctimas coinciden en que aceptaron la operación gratuita en el ISVI por la insistencia de los doctores. A los tres días de la intervención, todos comenzaron a sentir las mismas molestias: sus ojos “empezaron a sangrar, arder e hincharse”, por lo que regresaron a la clínica y los doctores les informaron que se trataba de una infección, la cual había sido adquirida durante el proceso quirúrgico.

“Los doctores dijeron que sanaríamos, nos abrieron el ojo y nos inyectaron, todo fue muy doloroso y eran medicamentos fuertes, gracias a eso ahora yo padezco del corazón y me dio infección intestinal”,  dice José Tomás, que actualmente requiere de 24 mil pesos para una operación que aún necesita a pesar de ya haber perdido la visión de su ojo derecho, pues las inyecciones y gotas de poco sirvieron.

De acuerdo con Aviléz Tostado, cuando los doctores del ISVI se percataron que el problema era serio, en cuestión de días canalizaron a los pacientes a la Secretaría de Salud de Quintana Roo para que continuaran siendo atendidos. Allí no pudieron hacer mucho por ellos, ya que la bacteria adquirida (sudomonas) pudrió el nervio óptico y en semanas perdieron la vista, conforme a lo informado por los afectados.

En diciembre de 2015, dos meses después de la operación, familiares de las víctimas contactaron a la organización NMNM, donde les brindaron defensa legal a través de abogados especialistas en el tema. Entre octubre y diciembre de 2015 el caso se difundió gracias a los medios, pero sólo a nivel estatal.

Los cuatro médicos que hicieron las cirugías (Omar Ornelaje Cisneros, Blanca Beatriz Figueroa, Patricia Amezquita García y Jonathan Lowenberg Laenz -responsable de la clínica-) “huyeron”, según Fernando Aviléz, al enterarse que había denuncias en su contra, mientras que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) visitó el ISVI, realizó una supervisión y clausuró la clínica tras determinar que no contaba con las condiciones ni los permisos para realizar este tipo de operaciones. A su vez, peritos en medicina forense revelaron que la bacteria se propagó entre los pacientes debido a una mala asepsia (método para evitar que haya infección) durante la operación.

“Para mí, ellos (los médicos) son unos bandidos porque después de que nos hicieron esto y nos negaron la atención se escaparon y nos abandonaron”, comenta José, entre lágrimas.

En febrero de 2016, estas cinco víctimas presentaron las denuncias correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cancún con el apoyo de NMNM y la asesoría legal del abogado Alejandro Foyo Vega. Entrevistado por Animal Político, Foyo Vega, detalló que las demandas por reparación del daño y atención médica tras la operación de cataratas fueron a nombre de las víctimas y sus familiares contra Fundación Cinépolis, los médicos responsables, el DIF Estatal y la Secretaría de Salud de Quintana Roo.

Sin embargo, según el abogado, el juez de dicha corte rechazó la demanda de los familiares (quienes con base en sus derechos constitucionales pedían una indemnización) y retrasó el proceso de justicia para las víctimas. El defensor añadió que las autoridades tardaron más de cinco meses en informar a Fundación Cinépolis A.C. sobre estas denuncias.

La Secretaría de Salud estatal fue la única que respondió a la demanda y envió a los pacientes a Ciudad de México, para que fueran atendidos en el hospital Conde de Valencia. Ahí les brindaron tratamiento con gotas y medicamentos especiales para tratar de revertir los daños. “Lastimosamente durante esos días, a pesar de la atención, Alicia Brito pierde su ojo”, recuerda Aviléz Tostado. Posteriormente los pacientes regresaron a Quintana Roo con un buen parte médico. Pero con el paso del tiempo las molestias volvieron, ya no recibieron atención médica y tuvieron que costear su tratamiento.

Al constatar que el proceso se complicaba en Quintana Roo y que la justicia no actuaba, el presidente de NMNM pidió asesoría legal en Ciudad de México y presentó el caso ante un Juez de Distrito en mayo de 2016, con una solicitud de amparo para que las personas fueran atendidas a la brevedad en la capital del país. La  respuesta del Juez fue que el proceso tenía que continuar en Quintana Roo, pues ahí fue donde ocurrieron los hechos.

“No nos vamos a rendir, lucharemos para que se haga justicia”... Lee la nota completa en Animal Político