Nuevamente, los candidatos a Gobernador firmaron una serie de compromisos ante un notario; el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, sostuvo reuniones privadas donde expusieron a los candidatos propuestas concretas para el combate a la corrupción, fortalecer la transparencia y garantizar la independencia de los organismos públicos.

Durante la semana, los candidatos, Guillermo Anaya, Javier Guerrero y Armando Guadiana, acudieron a las instalaciones del Consejo Cívico donde se pusieron sobre la mesa, 12 compromisos que destacan en temas de seguridad desarrollo, finanzas, transparencia y anticorrupción que realizarían en caso de llegar a la gubernatura.

A través de un comunicado, el Consejo Cívico destacó que este tipo de ejercicios se realizan con la finalidad de enriquecer el ejercicio democrático, y antes de realizar la firma, los consejeros cuestionaron a cada uno de los candidatos sobre qué métodos utilizarán para cumplir con cada una de las propuestas del acuerdo.

Algunos de los compromisos fueron:

1.- Construir mecanismos y procesos de participación ciudadana en los procesos de designaciones públicas y cumplir con los 12 pasos establecidos en DESIGNACIONES.ORG

2.- Fortalecer y garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos públicos.

3.- Consolidar un Sistema Estatal Anticorrupción fuerte y sólido y realizar todas las adecuaciones necesarias para contar con el mejor sistema local de los 33 estados de la república y dotar de autonomía financiera y capacidad presupuestal al Comité de Participación Ciudadana y a la Fiscalía Anticorrupción.

4.- Presentar en: tresdetres.mx las declaraciones pertinentes del Gobernador y todos los mandos medios superiores antes de los 15 días de integrarse al equipo de trabajo, de lo contrario no podrán ejercer el cargo.

5.- Crear un Comité de Participación Ciudadana de Vigilancia de Deuda Pública responsable de la creación de una plataforma pública de transparencia y vigilancia al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y municipios, responsable de conocer, auditar, dar a conocer a la ciudadanía y autorizar procedimientos de reestructura, adquisición, reclasificación o negociación de la deuda pública.