Académicos, especialistas y organizaciones de derechos humanos expusieron sus argumentos sobre el decreto que expidió el Gobierno Estatal para restringir la movilidad de personas en el Estado para aminorar el riesgo de contagios de COVID-19, mismo que fue reclamado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), que sostuvo que es inconstitucional.

Recientemente, la CDHEC interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que el pasado 22 de abril emitió el Gobierno de Coahuila para restringir la movilidad en el Estado, lo que conlleva la instalación de filtros sanitarios en áreas urbanas y en carreteras para interrumpir la circulación vehicular y evaluar los motivos por los que las personas salen a la calle.

El magistrado Luis Efrén Ríos Vega, quien está llevando el proceso de la demanda, presidió una audiencia de alegatos en la que también estuvo presente el titular de la CDHEC, Hugo Morales Valdés; el consejero jurídico del Gobierno Estatal, Carlos Estrada, y en la que participaron abogados de la Academia, organizaciones de derechos humanos y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Durante la audiencia, los interesados expusieron los argumentos de su consideración sobre el decreto, con el objetivo de que las partes que llevan la demanda se alleguen de información complementaria sobre el tema.

‘ES INVÁLIDO’

El Centro de Estudios de Derecho Internacional Público de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, alegó que el decreto es inválido porque establece restricciones a derechos como la libre circulación dentro de Coahuila, así como la libertad personal. Los académicos expusieron que esas restricciones tienen que estar previstas en una norma formal, como una ley, lo cual no ocurre en este caso.

“El contenido del decreto desborda los alcances que le corresponden, pues solo puede ser dictado para asegurar la buena marcha de la administración pública del Estado. El decreto no tiene ese objetivo, sino que busca restringir la movilidad de las personas en Coahuila”, se alegó en la audiencia.

Agregaron que el decreto también es inválido por ser vago en su redacción, lo que puede generar arbitrariedad de las autoridades e incertidumbre en la población. Acotaron que el decreto viola los artículos 7, 8, 64 y 85 de la Constitución Política del Estado de Coahuila.