La Academia Interamericana de Derechos Humanos se reunió con el representante relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ofrecer un ejercicio conversatorio entre los periodistas de la región “que le han pisado los callos a políticos y personas del crimen organizado”. 

El encuentro celebrado en la Infoteca Central de Ciudad Universitaria en Arteaga, dio inicio con el discurso introductorio entre Luis Efrén Ríos Vega, director de la AIDH, y Edison Lanza, de la CIDH.

“Este encuentro nace con la intención de conocer cómo se puede colaborar con el gremio y con los operadores del sistema para la libertad de expresión en Coahuila, y que conozcan un instrumento admisible para proteger sus derechos como periodistas”, agregó Ríos Vega. 

Ante por lo menos 15 periodistas del gremio coahuilense, Edison Lanza explicó que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo no sólo por el hecho de atentar contra la integridad física de los periodistas, sino por permitir que la libertad de expresión sea coartada y con ello se paralice la democracia que necesita cualquier país para desarrollarse. 

“Estamos comenzando a llevar casos de periodistas asesinados que están bajo la impunidad. Creemos que un ataque nunca es un crimen común o casual, sino planificado contra alguien que cumple un papel esencial en la democracia, y ante esto el Estado tiene que asumir que tiene obligaciones muy particulares, como explicar a la sociedad por qué fue asesinado ese periodista”, aseguró Edison Lanza. 

Señaló que, por una parte, hay que entender que México atraviesa una situación de violencia estructural que se debe a una guerra contra el narcotráfico, y que cobra tantas vidas mientras los periodistas cubren los sucesos informativos. 

TESTIMONIOS

La periodista Camelia Muñóz presentó un breve informe de las situaciones por las que han atravesado tanto ella como colegas de diversos medios locales y nacionales en Coahuila, quienes han sido víctimas de censura por parte del Gobierno en los últimos dos sexenios; de falta de transparencia ante solicitudes de información pública, e inclusive, de amenazas recibidas tanto por actores de Gobierno, como por operadores del crimen organizado, teniendo como, por ejemplo, la muerte de Valentín Valdés en 2010.

DESCONFIANZA

Edison, agregó que como producto, tanto la guerra como la impunidad y la corrupción, las autoridades mexicanas han traído la desconfianza del gremio periodístico para con los mecanismos de protección que brindan las autoridades mexicanas, de procuración de justicia. 

“¿Cómo se genera confianza? Con participación de los involucrados: que esto no sea una situación de los policías, sino que sea un mecanismo que se monitoree por las organizaciones que representan a periodistas, entre otras”, señaló. 

Destacó que México ha destacado en la creación de las fiscalías que investigan este tipo de crímenes, pero han sido insuficientes puesto que las cifras y los hechos lo indican de esta manera  “Estamos en un momento donde se requieren recomendaciones muy específicas, y a partir de ahí hacer un diagnóstico con todo lo que está fallando y que provoca situaciones de impunidad”, dijo Edison Lanza. 

Bajo la demanda de un mejor, y confiable sistema de protección a periodistas en México, Edison puso como ejemplo el caso de Colombia, país que a finales de los 90 e inicios de milenio, atravesó una situación similar a la de México, y actuó con un mecanismo de protección que fue monitoreado y transformado por los periodistas que se encontraban desarrollando sus labores.

“Aunque persiste una forma de violencia, debo decir que el año pasado no hubo ninguna muerte a periodistas, a pesar de que tenemos a 200 periodistas protegidos por este mecanismo. Si lo hacemos bien, sí va a surtir efecto”, señaló. 

Según los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), en Coahuila, de 2005 a 2016, en el Estado se denunciaron al menos 39 ataques contra la prensa superando incluso a la situación de estados igualmente atacados por el crimen organizado durante esas fechas, tales como Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán donde hubo 9 denuncias, 36, y 26 respectivamente, en su mayoría por amenazas y abusos de autoridad.

Edison Lanza, explicó que para acceder a las estrategias de defensa por parte de la CIDH en este tema en específico, primero hay que agotar todas las instancias a las que se tiene acceso en México; sin embargo, dijo que su relatoría se comprometerá en hacer capacitaciones para jueces mexicanos para que apliquen adecuadamente los estándares americanos de la libertad de expresión en casos de periodistas.