Hoy se cumplen dos meses de que María Esther Monsiváis dejó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Seint) del Gobierno de Coahuila. En su carta despedida, con fecha 8 de noviembre, dijo que se iba “en el ánimo de no ser factor para que haya la mínima duda sobre la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos por parte de la administración estatal”.

Ese mismo día Grupo Reforma publicó que la entonces funcionaria, junto a su esposo (beneficiado con una de las 41 notarias que asignó en marzo Rubén Moreira, por cierto) aparecían como dueños de la firma Riviera Álamo S.A. de C.V., que le facturó a la administración estatal productos irrisorios por un monto total de 48.4 millones de pesos entre 2015 y 2016.

El documento de renuncia –en poder de quien esto escribe– fue recibido a las 14:50 horas por la Secretaría Particular del Ejecutivo y, con una rapidez inaudita, firmado a las 15:15 por la Subsecretaría de Egresos y Administración.

Luego todo se detuvo y a dos meses del “Cobijagate” poco ha sucedido, salvo un asunto vergonzoso que reportó El Norte el 17 de noviembre: gestoras del PRI en la Región Carbonífera (lideresas, pues) repartieron formatos a beneficiarios de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) para que firmaran de conformidad haber recibido los supuestos apoyos adquiridos a Riviera Álamo y con ello justificar el saqueo. Lucran con la pobreza.

Cabe señalar que todas las compras a Riviera Álamo (17, en total) las realizó la Sedeso en tiempos de Rodrigo Fuentes (aunque vayan cuatro titulares en cinco años de administración).

Y “Rigo”, como “Marucha” en su día, fue exhibido el 22 de diciembre por el periódico El Norte a través de un audio en el cual se le escucha pedir a empleados de la Sedeso “lealtad al gobernador Rubén Moreira, el jefe político en el Estado y en lo particular, aquí en el Municipio lo saben, a nuestro amigo Miguel Riquelme”, durante una posada en el ejido La Partida de Torreón (de donde es originario el futbolista Oribe Peralta, dicho sea de paso).

“El jefe político en el Estado ha tomado la decisión. Todos nosotros tenemos que trascender y tiene que ser en la figura de Miguel Riquelme. Cada quien tiene un territorio muy específico, cada quien sabe lo que tiene qué hacer. Sabe de los números, sabe de las compañeras, sabe de las fortalezas, yo les pido que cuidemos el territorio”, conminó a los presentes en el evento.

Transcurridas las vacaciones decembrinas, Rodrigo Fuentes también fue relevado del cargo el segundo día laboral de 2017 y el Gobierno Estatal, como consignó Reforma el 4 de enero, evitó dar explicaciones acerca del audio exhibido.

Ella violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales, y el Código Fiscal de la Federación. Él, por su parte, cometió coacción a sus subordinados en pleno proceso electoral, lo cual sanciona la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Los hechos están a la vista de todos. Como que, dos más dos, son cuatro y no es discutible.

En un Gobierno democrático ambas salidas significarían el paso previo a la investigación, consignación y sanción de los órganos correspondientes.

Pero en Coahuila el grupo en el poder espera que, ya sin responsabilidades públicas ni reflectores, se nos olvide su existencia durante unos meses mientras ellos hacen lo posible por incrustarlos en la próxima Legislatura LXI y, por consecuencia, dotarlos automáticamente de fuero.

Dicho de otra forma: juegan contra el sistema de justicia y consecuentemente contra nosotros, los ciudadanos.

Cortita y al pie
Se trata de dos de los principales operadores políticos de Miguel Riquelme, alcalde con licencia de Torreón y aspirante a la gubernatura. El tercero, David Aguillón, puede seguir conspirando a favor del PRI en el Instituto Electoral de Coahuila –como se documentó en este mismo espacio la semana pasada– mientras el INE no se pronuncie o prefiera conservar el statu quo antes que remover al consejero Alejandro González Estrada para preservar los principios rectores de la función electoral.

La última y nos vamos
Vivimos en un paraíso delincuencial. Las instituciones no funcionan en Coahuila. ¿Cómo afirmar lo contrario, si casos de corrupción descarnada como los anteriores no se castigan conforme a la legislación vigente?

Aunque van cercenando las extremidades con gangrena el cuerpo sigue contaminado. El procedimiento quirúrgico ha sido parcialmente exitoso, sin embargo, no hay elementos objetivos para asegurar que la infección no está en otras áreas o no avanza contra sí mismo.

Se dijo aquí a propósito del affaire con #LadyCobijas: hoy Coahuila es un Estado fallido. El caso de “Rigo”, dos meses después, viene a confirmarlo.

@luiscarlosplata