El respeto a los límites constitucionales y, a partir de estos, al margen de legalidad, representa el núcleo de los cimientos que sostienen a una sociedad democrática. Y cuando estos límites dejan de ser respetados al más alto nivel del poder, el edificio entero de la institucionalidad corre el riesgo de colapsar.

Esto es justamente lo que está ocurriendo con la confrontación entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, confrontación que se está dando completamente fuera de los cauces constitucionales.

Hay que decirlo con todas sus letras: el presidente López Obrador está forzando, más allá de cualquier límite permisible, el funcionamiento de las instituciones públicas, en su empecinamiento por poner tras las rejas a un opositor político y eso no es sano para la república.

Podrán decir quienes respaldan al Presidente que lo importante es combatir con eficacia la corrupción; que el mandatario estatal de Tamaulipas es un pillo a quien no debe permitirse resguardarse detrás del fuero constitucional y que eso justifica actuar como lo está haciendo el titular del Ejecutivo Federal.

En primera instancia el argumento puede sonar lógico y compartirse, pero si se analiza con un poco de rigor salta a la vista lo indeseable que resulta permitir a un presidente decidir, a partir exclusivamente de su criterio personal, quién debe ir a la cárcel y en qué momento.

Cabeza de Vaca podrá haber cometido las conductas de las cuales se le acusa, pero la Constitución y las leyes, que todo servidor público mexicano ha jurado defender, establecen que mientras ostente el cargo de Gobernador de Tamaulipas no se le puede juzgar a menos que se le despoje del fuero constitucional, y eso no ha ocurrido.

Por otro lado, el hecho de que la embestida ordenada por el presidente López Obrador desde Palacio Nacional se registre en pleno proceso electoral y cuando claramente las encuestas de intención de voto colocan a su partido en una situación de declive abren la puerta a todo tipo de especulaciones.

No se trata de abonar al ya insoportable clima de impunidad que ha sido característico de nuestro país a lo largo de toda la historia ni, mucho menos, de salir a la defensa del Gobernador de Tamaulipas. De lo que se trata es de alertar respecto de lo peligroso que resulta el que cualquier individuo pueda ser juzgado y condenado solo por la voluntad presidencial.

Los actos de Cabeza de Vaca puede que no hayan sido legales en el pasado, pero eso tiene que probarse en un juzgado y siguiendo la ruta que establece la Constitución. De lo que no cabe duda alguna, porque está a la vista de todos, es que la actuación del presidente López Obrador no es democrática y que ello entraña un riesgo igual o peor a la posibilidad de que el mandatario tamaulipeco pueda quedar impune.

A poco más de dos semanas de las elecciones, la confrontación entre ambos mandatarios, lejos de alentar el entusiasmo por la posibilidad de que se combata eficazmente la impunidad, parece más bien una lucha por preservarla y consolidarla como regla del ejercicio del poder.