El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló por razones políticas la forma en que venía operando el Programa de Estancias Infantiles y con ello violó el Artículo 4 constitucional que señala que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, planteó Clara Torres Armendáriz.

La activista en favor de los derechos de la infancia y quien al principio de la presente administración fue nombrada como responsable del Programa de Estancias Infantiles, cargo al que renunció por estar en desacuerdo con los cambios en esa política pública, dijo que varios de los amparos promovidos por las madres afectadas están teniendo una respuesta favorable del Poder Judicial, lo cual obliga al gobierno a otorgarles el servicio, pues de lo contrario, caerá en desacato.

El gobierno federal decidió cambiar las reglas del programa y, en lugar de canalizar recursos a las guarderías y estancias, ahora reparte dinero directamente a los padres o tutores.

La exfuncionaria federal reiteró que los niños no deben ser tratados como personas de la tercera edad a quienes se les regala dinero para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Ellos no están sobreviviendo; necesitan nutrición y formación.

La reconocida activista relató la forma en que la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, le comunicó que cambiarían las reglas del programa porque iba a dejar de ser tratado como política pública pues se le considera ahora como una amenaza política. Informó que se han tramitado más de 4,200 amparos y en Chihuahua se ganaron más de 100 con una suspensión definitiva. En algunos casos la autoridad no ha acatado la resolución por lo que se prevé interponer recursos por desacato, delito que se castiga con penas de hasta nueve años de cárcel.

—¿Cuáles considera son las implicaciones de cambiar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles?

—Lo que está haciendo el gobierno en el momento en el que cancela el servicio y lo sustituye por becas para las madres trabajadoras es privatizar el servicio.

Se retira del tema de supervisar, apoyar y garantizar los derechos de los niños y las niñas y se dedica únicamente a otorgar una beca económica (que seguramente se usará) para gasto de la casa, porque eso es lo que están haciendo. Las mamás pueden escoger entre la oferta y la demanda dentro de los servicios que se estén ofertando en su localidad. Estos servicios de guarderías son privados. Van a correr la suerte de lo que son guarderías privadas: más caras y con menos supervisión.

—¿Qué va a pasar con esos niños que ya no los llevarán a este tipo de estancias?

—En el mejor de los casos va a acudir a estancias que ahora serán particulares, con menos supervisión, pero, en el peor de los casos, y es lo que está sucediendo, porque los beneficiarios eran mujeres de bajos recursos, van a dejar a los niños para que les haga el favor la tía, la abuela, la vecina y ellos gastar el dinero pues en zapatos, en ropa o en comida o pagarle a alguien, pero nunca se va a comprar el cuidado que le van a dar.

Posiblemente lo van a tener ahí entretenido con el celular, con la televisión, sin meterle modelos de educación. Estarán dándoles churrumais y Coca-Cola.

—¿Qué le dijeron cuando usted decidió renunciar al cargo de responsable de las estancias infantiles?

—A mí me invitan porque tengo muchos años en el tema del cuidado infantil. Me invitan con la promesa de fortalecer las estancias infantiles e innovar el cuidado infantil; sin embargo, el 5 de febrero me manda a citar la subsecretaria Ariadna Montiel y me lo dijo textual: Clara ya no puedes recibir a responsables de estancias infantiles, no puedes recibir a diputados y senadores porque 9,500 líderes en 1,300 municipios de los 32 estados son una amenaza para el presidente (AMLO) y lo hemos comprobado porque tanto en su gira de agradecimiento, como en los 100 días y como hoy mismo 5 de febrero, están en Cámara de Diputados, ellas mismas nos están dejando el mensaje de que son una amenaza para el presidente, porque son las únicas que se han manifestado en cada municipio al que ha ido el presidente.

Se van a dejar de tratar como política pública y se va a tratar como amenaza política.

Yo me quedé sumamente sorprendida y traté de hablar con la secretaria que me invitó. La secretaria nunca más me volvió a contestar, no me recibe y me mandó otra vez a la subsecretaria para decirme que no hay ninguna otra área de infancia y que entiende que yo me quiera retirar.

—¿Se puede apelar para que esta situación se le dé una salida no política, sino de atención a un problema público?

—Sí, de hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el obligado a garantizar que se respeten los derechos de los niños y las niñas. Nos lo mandata el Artículo 4 constitucional, interés superior de la infancia.

Cuando el presidente López Obrador por razones políticas cancela el servicio, no solamente violentó el Artículo 4 constitucional, sino un sin número de acuerdos internacionales.

En Chihuahua ya se ganó la suspensión provisional, tengo entendido que el día de hoy ya se les mandó un oficio a estancias que se ampararon para decirles que su pago va a llegar al juzgado.

Se demostró que con el cierre del programa se estaba atentando a los derechos de niños, de las mamás que pueden estar trabajando en condiciones seguras.

—¿Darle dinero a las familias en lugar de acceso a estancias es una buena idea?

—Claro que no, los niños no son personas de la tercera edad. Ellos no están sobreviviendo. Ellos necesitan algo más que la calidad de vida, necesitan educación, formación y nutrición.

El que estén tratando a los niños como personas de la tercera edad de veras es una confusión y un desconocimiento al trayecto del ser humano.

—¿Cuántos niños son los que quedaron sin el servicio producto de esta decisión de gobierno del presidente López Obrador?

—Pues 320,000 niños son los que se quedaron, o sea, son 50% de los niños que se cuidan de madres trabajadoras.

—¿Lo más grave es que se está politizando un asunto o lo más grave es que se está dejando de atender a los niños como debería?

—Lo más grave es que priorizaron la política, intereses políticos, por el interés superior de la niñez. Eso es lo más grave; más allá de si lo hizo el PAN y lo siguió el PRI, lo más importante era priorizar el interés superior de la infancia y ellos priorizaron intereses políticos, eso es un crimen.

¿Ve alguna salida que pueda ser favorable para los niños en todo este proceso?

Que se sigan ganando juicios y que el Poder Judicial siga mandatando al Estado diciéndole que no puede estar violando los derechos de los niños.