Por Ricardo Ravelo para SinEmbargo

Ciudad de México.– A escasos dos meses y medio de tomar posesión como presidente de la República, el escenario que le espera a Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad es totalmente adverso: gobernará con el 80 por ciento de las presidencias municipales controladas por el narcotráfico, con una policía al servicio del crimen, quince cárteles en expansión –con amplias ramificaciones violentas que trastocan la gobernabilidad en varios estados– y luchas a sangre y fuego por el control territorial.

Según una radiografía sobre la presencia del narcotráfico en los municipios del país, elaborado por el área de Asuntos Municipales y Regionales del Senado de la República, el 80 por ciento de los ayuntamientos están gobernados por autoridades que tienen un vínculo directo e indirecto con alguna modalidad del crimen organizado. El estudio, de esta forma, da cuenta del avance de los grupos criminales en el territorio nacional y su infiltración en la vida política. La radiografía sostiene, de igual forma, que esta es la causa de que las policías resulten ineficaces en los municipios, pues sus jefes –mandos altos y medios– tienen vínculos con los grupos criminales en las demarcaciones donde operan.

No es todo: En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes– y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.

Un ejemplo es el cártel de Sinaloa –el más poderoso del mundo–: tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera, sujeto a juicio en Estados Unidos, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes; es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país. De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos.

Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.

De acuerdo con informes de la Drug Enforcement Administration (DEA) y de la Procuraduría General de la República (PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por catorce cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país –y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.

Esos mismos informes establecen, además,  que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos –es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.

Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos –Los Zetas y al Cártel del Golfo– cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas–Nuevo León–Coahuila, uno de los más sangrientos.

Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.

En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.

Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra– la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.

GUERRERO: TERRITORIO DE MUERTE

Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado “Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero”, elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas eran personajes que tenían [o tienen] líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.

En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis  se inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.

Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron a Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.

El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico– al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.

Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, tras un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, El H, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –detenido en México debido a un percance de tránsito– quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.

Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.

La caída y extradición de La Barbie no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo Cida, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, El Melón, Benjamín Flores Reyes, llamado El Padrino (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, El Coreano, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.

El segundo grupo se le conoce como La Barredora y lo encabezan Cristán Tarín, El Cris y Eder Yair Sosa, El Cremas. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa.

Dicha alianza tiene razones de peso: El Cris, según los reportes policiacos, es hijo de Arturo González Hernández, El Chaky, quien fuera lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes. González Hernández operó por varios años en la Comarca Lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo; luego fue detenido y recientemente fue puesto en libertad. Actualmente opera en la zona conurbada de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango.

El diagnóstico del Cisen señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan  José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico.

Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como El Chaparro, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuyen las ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.

No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega, su hijo, quien fue Diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

PERMANENCIA Y EXPANSIÓN DE CÁRTELES...

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