De espaldas a los reclamos que históricamente realizó –cuando estaba en la oposición– en contra de la injerencia de los presidentes y gobernadores en las elecciones mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece determinado a convertirse en el “gran elector” de los comicios de 2021.

Todavía se encuentra vivo en la memoria colectiva aquel “cállate chachalaca” que endilgó al entonces presidente Vicente Fox en reproche por el activismo del guanajuatense en la elección presidencial de 2006.

En aquel entonces –y en muchos otros momentos– López Obrador fijó una posición muy clara: los gobernantes en funciones deben mantenerse al margen de los procesos electorales y limitarse al papel de espectadores pasivos, dejando a la ciudadanía en total libertad para emitir su voto sin la influencia –nociva, se entiende– de quienes tienen responsabilidades ejecutivas.

Fue incluso más allá, al convertirse en uno de los principales impulsores de las reformas electorales que, con posterioridad a los comicios de 2006, establecieron prohibiciones expresas a la actuación de los gobernantes durante los procesos comiciales.

En los últimos días, sin embargo, ha decidido ubicarse como el coordinador de campaña de su partido señalando directamente a opositores políticos e impulsando el inicio de procesos penales en contra de quienes amenazan con derrotar a su candidata en Nuevo León.

En este proceso, ayer le tocó el turno al exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, a quien López Obrador colocó en su mira advirtiendo que habrá de acusarle formalmente ante las autoridades correspondientes por presuntos actos de corrupción en los cuales habría estado coludido con Alonso Ancira Elizondo, aún cabeza visible de la acerera Altos Hornos de México.

¿Incurrió Moreira Valdez en conductas ilícitas durante su paso por el Gobierno de Coahuila? Eso le corresponde establecerlo a un juez, siempre que se le presenten las pruebas correspondientes, es decir, que se siga el debido proceso establecido por la Constitución y las leyes.

No corresponde a los medios de comunicación exculpar por anticipado a nadie, como tampoco decidir si es responsable o no de las conductas que se le imputan. Sin embargo, resulta obligado señalar que la ruta escogida por el Presidente para denunciar la corrupción y “moralizar” al País no es la deseable.

Y es que amagar con presentar una denuncia, pero “antes” de hacerlo, exhibir en su conferencia de prensa a quien parece haber condenado de antemano, constituye un acto de perversión de las formas democráticas.

Si la acusación se concreta, ya corresponderá al exgobernador coahuilense esgrimir su defensa recurriendo a los instrumentos que la ley le garantiza. Dejarse arrastrar por la animadversión y sumarse al linchamiento público sin recato equivale a extenderle carta de naturalización a un estilo de gobierno que en cualquier momento puede volverse en contra de todos.

Que se castigue a quien haya incurrido en un acto ilegal y se le aplique todo el peso de la ley si se le encuentra culpable. Pero que en ese proceso se respeten los derechos que la Constitución garantiza. Eso, y nada menos, es lo que todos debemos exigir sin ambigüedades.