Hay un temor fundado en que la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar a la corrupción se quedará sólo en buenos deseos pues hasta ahora el mandatario federal carece de una política anticorrupción, pero además disminuyó el presupuesto a las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseveró Clemente Castañeda.

En entrevista, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República recriminó que hasta ahora el presidente López Obrador no haya presentado una estrategia de combate a la corrupción, a pesar de que ése fue uno de los principales compromisos cuando era candidato al Ejecutivo federal.

“Al gobierno federal le hace falta presentarle al país su estrategia de combate a la corrupción, no se percibe una política integral, no lo veo desde la Presidencia de la República, ni desde la Secretaría de la Función Pública”.

Planteó que tampoco se vislumbra compromiso con el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción ni con las instituciones que lo componen. Como muestra elocuente, dijo, hay que recordar que al sistema en su conjunto se le disminuyeron alrededor de 5,000 millones de pesos de presupuesto para este año.

En términos del presupuesto destinado a la corrupción, simple y sencillamente vamos para atrás. No veo un compromiso ni para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, y por otro lado, al presidente y al gobierno le causan mucha desconfianza los organismos autónomos o todas aquellas instituciones que generan un contrapeso al Poder Ejecutivo.

El también líder nacional de Movimiento Ciudadano consideró que no sólo hay falta de voluntad y compromiso de parte del gobierno federal para combatir la corrupción, también hay ignorancia, pues recordó que el presidente ha dicho que basta con que él sea honesto para que todos los funcionarios también lo sean.

En ese sentido, expuso que la corrupción no se combate con actos de fe, ni con declaraciones, con el fortalecimiento de instituciones y con sanciones a quienes cometan actos de corrupción.

“El presidente de México parte de supuestos erróneos para combatir la corrupción. Lo único que ha dicho, sin presentar una política integral de combate a la corrupción, es que la corrupción se va a eliminar toda vez que él no es corrupto. Lo que tengo es temor fundado que la política anticorrupción quede en simplemente buenos deseos”.

El político jalisciense sostuvo que la principal tarea de esta administración es concluir con la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción para lo cual es urgente concluir con el nombramiento del fiscal anticorrupción, así como con el de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pero también por “echarlo a andar y hacer un esfuerzo para el SNA rinda resultados en el mediano y largo plazo”.

Han obstaculizado al SNA

Castañeda Hoeflich expuso que  pese a los esfuerzos, México no ha avanzado en el combate a la corrupción y así lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en el que el país se encuentra en el lugar 138 de 180 naciones evaluadas.

“Lo que dice el Índice de Transparencia es que hemos retrocedido varios lugares y ha habido una caída dramática en los últimos años. Todo el esfuerzo que se hizo alrededor de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción no ha dado resultados”.

Abundó que si bien se dio un paso importante al crear la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha obstruido su correcta implementación.

“Ha sido obstaculizada su implementación porque los eslabones de la cadena no han sido completados, tan es así que todavía no tenemos ni un fiscal anticorrupción, ni los magistrados de tal suerte que todavía queda mucho camino por recorrer en el Sistema Nacional Anticorrupción”.

El legislador adelantó que ya preparan tres iniciativas que contribuyan a combatir la corrupción: una para hacer obligatorio que  los contratos de adquisiciones y de obra púbica se otorguen sólo a través de licitaciones, y terminar con las asignaciones directas; hacer obligatoria la declaración 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal) para todos los funcionarios públicos y una más crear una legislación para proteger a los testigos y a denunciantes de actos de corrupción, lo cual no existe en México.