Andrés Manuel López Obrador reducirá un 50% el gasto gubernamental a la publicidad oficial en medios de comunicación. También, eliminará las áreas de comunicación social de las distintas secretarías y centralizará esa función en la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia.

¿Qué impacto tendrá en los medios de comunicación esa reducción del 50% del gasto gubernamental? ¿Qué harán esos medios con sólo la mitad de los 40 mil millones de pesos de publicidad gastados por EPN durante su sexenio?

 Peor aún, ¿si el favoritismo oficial desaparece, cómo sobrevivirá la élite de esos medios que recibió el 48% de esos 40 mil millones?

Periódicos, radiofusoras, televisoras y portales recortarán gastos de manera drástica: lo cual incluiría el despido de editorialistas, particularmente de los críticos al régimen amloista; el reclutamiento de analistas editoriales de menor peso intelectual y costo económico; la reinvención de la plataforma web sobre su versión impresa, radiofónica, televisiva o digital; la reducción de sus secciones de análisis económico, político y financiero para privilegiar secciones vendibles como deportes, sociales y entretenimiento y la búsqueda de patrocinio comercial en espacios diferentes al gubernamental.

Más allá de su impacto en los medios, ¿mejoraría esta reducción del 50% en publicidad oficial, la calidad de nuestra libertad de expresión?

No. Mientras AMLO mantenga una “secretaría reguladora y concentradora de la información” (la coordinación de Comunicación Social de Presidencia); una censura indirecta a partir de “la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial”; reglas sin sanciones a los funcionarios que no observen la Ley; una veracidad y objetividad de los mensajes oficiales en entredicho y la ausencia de fiscalización de los recursos aplicados a la comunicación oficial.

Y mucho menos, si no establece la transparencia de los contratos, la claridad de los topes al gasto de comunicación social y la distribución lógica y equitativa del dinero.

Al tiempo.