Las medidas que el gobierno mexicano tomó para detener los flujos migratorios cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles si México no evitaba que los migrantes llegaran a la frontera sur estadounidense tuvieron consecuencias dramáticas para los derechos humanos y la seguridad de los migrantes y solicitantes de asilo, señala el informe “El ‘muro’ antes del muro: El aumento de medidas contra la migración en la frontera sur de México”,  de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

El documento advierte que tras las amenazas arancelarias, la detención de migrantes por parte del gobierno mexicano alcanzó niveles récord y se disparó el número de migrantes que buscaban asilo en México y el hecho de que el gobierno mexicano no haya otorgado recursos suficientes a su frágil sistema de asilo lo ha dejado al borde del colapso.

Mientras tanto, el aumento del control migratorio ha obligado a los migrantes viajar en áreas más remotas y peligrosas, fomentó condiciones infernales en las estaciones migratorias, y empujó a la nueva Guardia Nacional a asumir un papel que no está preparado desempeñar.

El informe, que busca examinar el impacto del control migratorio de México en su frontera sur con Guatemala, fue resultado de un viaje realizado por el equipo de WOLA a lo largo de 400 millas de esta zona fronteriza, donde entrevistaron a funcionarios gubernamentales, trabajadores de albergues para migrantes y otros que trabajan de primera mano sobre la crisis de seguridad y migración provocada por los gobiernos en la “otra” frontera de México. “Para los traficantes de personas, estas políticas punitivas son sólo un obstáculo: no van a la quiebra. Mientras tanto, los albergues y las estaciones migratorias están rebasados y los problemas que obligan a las familias a huir de sus países siguen vigentes”, dijo Para Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA.

Más de 31,000 migrantes fueron detenidos en junio, justo después de las amenazas de aranceles del presidente Trump, un récord en las detenciones mensuales que no se habían registrado desde el inicio del registro público en el 2001, indica el documento.

Asimismo, con sólo tres oficinas principales en todo el país, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carece de recursos y personal suficientes. “En los primeros 11 meses del año, la Comar recibió casi 67,000 solicitudes de asilo, más del doble de lo que recibió en todo el 2018. A pesar de esta realidad, el presupuesto de la Comar para el 2020 es de apenas 2.35 millones de dólares”. Mientras que la gran mayoría de estas solicitudes se hace en Chiapas, el estado más pobre de México, donde las 21 personas encargadas de resolver los casos de asilo manejan aproximadamente 1,300 solicitudes cada uno. 

“Aunque México ha recibido un número récord de solicitudes de asilo, su sistema de asilo no se ha mantenido al día con el aumento, y los agentes del INM a menudo no informan a los migrantes detenidos sobre sus derechos”, dijo Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.

El informe de WOLA destaca las varias formas en que el aumento de control migratorio por parte del gobierno mexicano está exponiendo a las personas migrantes y solicitantes de asilo a mayores riesgos y un mayor sufrimiento.

Por un lado, el despliegue de la Guardia Nacional parece haber desplazado las rutas de migración a áreas donde los migrantes son más vulnerables a ataques por parte de grupos criminales y funcionarios corruptos: mientras que los corredores adyacentes a las costas del pacífico y el golfo de México están experimentando menos tráfico, los grupos criminales continúan operando en un corredor “central” que atraviesa el terreno rural y montañoso.

“Los migrantes continúan sufriendo asaltos, robos, violaciones y secuestros a manos de grupos criminales en toda la zona fronteriza del sur, y la mayoría de estos casos permanecen impunes”, señala WOLA. Otra consecuencia del aumento del control migratorio se puede ver en las estaciones migratorias de México: en agosto, las estaciones migratorias albergaban en promedio a 61% más migrantes de su capacidad y algunos de ellas tenían un excedente de 300 por ciento.

Por otro lado, Estados Unidos continúa prestando asistencia a México para ayudar a reforzar su frontera sur y para aumentar su capacidad para procesar y recibir solicitantes de asilo.

El gobierno de Estados Unidos ha financiado la construcción de torres de comunicaciones en el sur de México, así como la instalación de equipos biométricos en las 52 estaciones migratorias y estancias provisionales de México. 

“Aunque el apoyo estadounidense a los esfuerzos de seguridad de México continúa, el gobierno de Estados Unidos aún tiene que determinar con México si proporcionará algún apoyo directo a la Guardia Nacional y cómo lo hará”, indica el documento. 

Mientras tanto, agrega WOLA, el impacto del intento del gobierno de Trump de poner fin al acceso al asilo en la frontera entre México y Estados Unidos se está sintiendo más intensamente por los migrantes viajando por México. 

“Lejos de las declaraciones de campaña de López Obrador de tolerancia cero para los abusos contra las personas migrantes y de ser un país acogedor, su gobierno ha seguido los pasos de su predecesor, Enrique Peña Nieto, y ha vuelto a tomar medidas enérgicas contra las personas migrantes y solicitantes de asilo que viajan por el país. 

“Para llegar a ser un país que defienda efectivamente los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, el gobierno mexicano también debe trabajar para garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en su propio territorio”, advierte la organización.