En las escuelas de Derecho suele realizársele una advertencia a los estudiantes: quien entiende la Teoría de las Obligaciones ya entendió el Derecho. O una variante de lo mismo: si logras aprobar la materia de Obligaciones, ya puedes considerarte abogado.

Hay razón en ello: la Teoría de las Obligaciones es uno de los apartados del Derecho cuyo estudio demanda el uso intensivo del pensamiento abstracto y tal circunstancia, en mi opinión, permite identificar a quienes no debería expedírseles nunca un título de abogado, pues si alguien se revela incapaz de comprender la lógica de las obligaciones, no debería ejercer la abogacía. Pero eso, como diría la Nana Goya, “es otra historia”.

Vayamos a lo nuestro: citar la anécdota de las obligaciones viene a cuento a propósito del debut del presidente López Obrador como vendedor de productos fraudulentos por televisión, es decir, como vendedor de cachitos de la “rifa del avión”… sin avión.

Ya lo sabemos: el Iluminado de Macuspana no estudió Derecho y por ello no puede exigírsele conocer –y menos entender o aplicar–la Teoría de las Obligaciones. Muy apenas logró, luego de 14 años de hercúleos esfuerzos, concluir con mediocres calificaciones la licenciatura en Ciencias Políticas…

Pero aunque no haya estudiado Derecho está, por lo menos en teoría, obligado a respetar las normas jurídicas… o, ya de perdis, a solicitar asesoría especializada y escuchar a sus consejeros en la materia cuando deba tomar decisiones de las cuales derivan consecuencias de derecho.

Y si hubiera consultado a sus consejeros antes de realizar el “spot de los cachitos” estos habrían estado obligados a advertirle sobre una de esas fuentes divertidas de las obligaciones: la “oferta al público”.

Porque nuestro Perseo de Pantano decidió, con dicho spot, convertirse en el deudor de un ofrecimiento concreto: entregar el avión TP-01 “José María Morelos” a quienes adquieran cada uno de los 100 “cachitos” a los cuales se adjudicará un premio en el sorteo del próximo 15 de septiembre.

¿Cuándo ocurre eso? Cuando el señor López Obrador dice textualmente: “este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre”, mientras da palmadas al respaldo del asiento de honor en una de las salas del avión presidencial e invita a los ingenuos a “hacer historia” tirando a la basura 500 pesos –por lo menos– a cambio de uno de los fraudulentos “cachitos”.

No estamos ante la presencia de una metáfora, ni de una alegoría. No se trata de un discurso figurativo, sino de un señalamiento explícito: López Obrador está dentro del avión cuya imagen adorna los cachitos famosos y las palabras no dejan lugar a dudas: invita a comprar boletos a cambio de la posibilidad de “ganarse” el avión al cual, by the way, juró jamás subirse.

Pero, como todos sabemos, el avión presidencial –o cualquier otro– no será rifado. El sorteo convocado para el 15 de septiembre es un sorteo de dinero: de dos mil millones de pesos, para ser exactos.

Pero el spot presidencial promete algo totalmente diferente: promete entregar el avión a quien compre el boleto premiado. Un pequeño problemita: habrá 100 boletos premiados, razón por la cual todos y cada uno de los agraciados puede exigir ¡el avión completo!, no un centésimo del avión.

No va a pasar, desde luego. Los ingenuos –y quienes fingen serlo para respaldar la imbecilidad presidencial– creen –o dicen creer– en la patraña de “estar ayudando” a proveer de atención médica a “las personas pobres”, lo cual es otro fraude ya explicado a detalle en una pretérita colaboración de este espacio.

El problema no está en si se van a materializar o no los juicios civiles a los cuales invita el spot del Presidente. El problema está en el abierto desprecio al estado de derecho exhibido por quien juró “cumplir y hacer cumplir” la Constitución y las leyes cuando protestó el cargo.

El problema está en el despliegue de autoritarismo de quien debería ser el ejemplo más visible de la cultura de la legalidad inherente a una sociedad cuyos integrantes aspiren a consolidar un régimen democrático.

La conducta de López Obrador es una de carácter delictivo en más de una vía. Primero ha usado abusivamente su poder para obligar a la realización de un sorteo mediante el cual se causará, con toda probabilidad, un daño patrimonial al erario, pues se perderán cientos, acaso miles, de millones de pesos en este capricho presidencial.

Luego afirma falsamente la existencia de un propósito altruista en el dichoso sorteo, cuando el único resultado será, en todo caso, volver millonarias a 100 personas entregándoles 20 millones de pesos a cada una.

Finalmente, en el spot ofrece la entrega de un premio inexistente y lo hace mediante un acto oficial, pues está utilizando los tiempos oficiales del Estado legalmente establecidos para rendir cuentas, pues se trata de tiempos destinados a difundir el contenido de su Segundo Informe de Gobierno.

Algo está muy mal en una sociedad en la cual, quien ocupa el cargo público de mayor responsabilidad, utiliza su poder para incurrir en múltiples delitos y causar perjuicios deliberados a la hacienda pública.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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