De acuerdo con la columna de Carlos Loret de Mola, publicada por Vanguardia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se debe preocupar por la denuncia en la que su hermano Pío pide que le metan 12 años de cárcel por divulgar sus videos recibiendo dinero ilegalmente, pero al mismo tiempo advierte que no va a buscar que su pariente se desista.

Añade que “Es entre ellos”, opina el Presidente, como si se tratara de un asunto entre particulares, como si su gobierno no estuviera alentando a Pío, como si Pío no estuviera recibiendo trato VIP en la Fiscalía General de la República, como si el propio Presidente no tuviera nada que ver en los videoescándalos: hay que recordar que en las conversaciones de los videos, Pío López Obrador deja claro que el dinero es para apoyar el proyecto político presidencial de su hermano Andrés Manuel, y que esto lo sabe perfectamente el hoy Presidente de México.

El 2 de octubre presentó Pío López Obrador su denuncia. Nada de esto se divulgó ni se dijo. El gobierno apostó por el factor sorpresa, por el golpe bajo. El 18 de octubre, fui yo quien dio a conocer la existencia de este ataque legal. Al día siguiente, en la conferencia mañanera del 19 de octubre, el Presidente abordó el tema: confirmó la denuncia y pareció deslindarse de ella, pero -cuestionado directamente- negó que fuera a pedir a su hermano que se desista o a la Fiscalía (a la que tantas cosas le pide, y ésta le responde con prestancia) que no proceda.

Se deslinda de dientes para afuera, pero alienta el ataque desde Palacio. Es un truco. Lo detectó muy bien Artículo 19, la organización internacional defensora de la libertad de expresión. Exigió al Ministerio Público Federal “que ejerza las facultades conferidas para concluir el proceso a partir de las normas procesales aplicables, debido a que se trata de una denuncia encaminada a criminalizar la labor periodística”. No se ha sabido nada después de esto.

Asegura que el “que no se preocupe Loret de Mola” es una más de las hipócritas cortinas de humo lanzadas desde el púlpito presidencial. La demanda, insisto, representa una escalada en los incesantes, obsesivos ataques del Presidente contra la libertad de expresión. Y reitero lo publicado en otras entregas de esta columna: Andrés Manuel López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión.

Tres organizaciones dedicadas a defender a la prensa en todo el mundo -Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas- advirtieron la semana pasada que el gobierno, y en particular el presidente López Obrador, han creado un creciente clima de estigmatización contra la prensa.