El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que promoverá una iniciativa de reforma constitucional para que se considere como prioritario el “interés público y la protección civil” en materia de generación de energía eléctrica.

 

En un evento desde Villahermosa, Tabasco, señaló que tomó la decisión de modificar la Constitución tras un amparo que interpuso una empresa extranjera para invalidar que se pudiera generar energía eléctrica en la central hidroeléctrica de Chicoasén, Chiapas.

 

“Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, expresó.

 

López Obrador criticó que se diera prioridad a las empresas particulares y que no se permitiera la generación de energía desde las instalaciones del gobierno de México.

 

“Estaban paradas porque no les daban oportunidad de subir la energía a la red, no había despacho, todo para beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizada las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia”, dijo.

 

El presidente López Obrador aseguró que se puso por delante el interés económico “aún tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunde en los pueblos”.

 

“Eso no les importa, por eso nunca más debe volver la política neoliberal, por eso es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”, insistió.

 

El decreto sobre la gestión de las presas se emitió en diciembre del año pasado. Con ello, se buscaba desviar el agua de las lluvias en Tabasco para la generación de energía en las plantas hidroeléctricas. 

 

También establece que los vasos de las cuatro presas del río Grijalva se mantengan vacíos en agosto, septiembre, octubre y noviembre, meses que comprenden la temporada de lluvia en los estados del sur del país.

 

Meses después de que entrara en vigor, empresas se ampararon en contra de la reforma eléctrica y el decreto sobre la gestión de presas que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).