Ha pasado casi una semana desde la jornada electoral del domingo anterior y la narrativa de estos días, para asombro de quien esto escribe, se parece cada vez más a la historia post 2 de julio de 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador se montó en la teoría del fraude y denunció la presunta existencia de un operativo para arrebatarle la Presidencia de la República.

Los paralelismos son sorprendentes, por decir lo menos:
En primer lugar está el anuncio –apenas el reloj marcó las seis de la tarde– realizado al unísono por el candidato del PAN, Guillermo Anaya, y el del PRI, Miguel Riquelme, diciéndose ganadores de los comicios. Ambos realizaron básicamente la misma afirmación: contaban, cada uno, con los resultados de cuatro encuestas de salida en las cuales los números los ponían arriba.

En segundo lugar está la afirmación puntual, realizada nuevamente por ambos candidatos, en el sentido de contar con el 100 por ciento de las actas de escrutinio cuyos números, una vez sumados, confirmaban el triunfo… ¡de los dos!

No hace falta ser particularmente inteligente para detectar el problema: uno de los dos tenía mal las cifras. Es absolutamente imposible obtener dos resultados contradictorios a partir de exactamente las mismas actas.
El tercer paralelismo vino cuando, transcurridas varias horas desde el cierre de las casillas, y ante un Programa de Resultados Electorales Preliminares particularmente lento, el candidato Guillermo Anaya salió a “advertir” la existencia de un intento por “manipular” la elección y arrebatarle el triunfo.

Finalmente la cereza del pastel: la acusación contra la autoridad electoral local (el Instituto Electoral de Coahuila) de haber confabulado para alterar los votos depositados en las urnas y favorecer al candidato del PRI.

Luego vino la conformación del “Frente por la Dignidad”, la convocatoria a una marcha, la suma de todos los candidatos de oposición –excepción hecha de de la perredista Mary Telma Guajardo– y la uniformación del discurso opositor: hubo fraude, alteraron los resultados, el árbitro electoral es cómplice, no se va a permitir el “robo” de la elección.

Curiosamente, demostrar el “fraude” sería sumamente sencillo. Si se tiene el 100 por ciento de las actas, tan fácil como digitalizarlas, colocarlas en una página web y permitirle a todo mundo sumar los resultados.

Para evitarlo, se ha formulado, a posteriori, la coartada perfecta: las actas están mal llenadas, son ilegibles, tienen errores. La pregunta surge sola: ¿entonces cómo le hicieron para realizar las sumas y llegar a un resultado (obligatoriamente producto de una elemental operación aritmética), compararlo con el resultado del opositor y, a partir de allí, concluir la existencia de un triunfo electoral?

Tampoco nadie ha dicho una sola cifra. Se repite como mantra “ganamos por dos puntos porcentuales”, pero para llegar a ese número forzosamente se requieren los totales de votos de ambos candidatos. 

¿Cuáles son esas cifras? ¿Cuál es la razón para no gritarlas a voz en cuello?

En mi experiencia, la razón es sencilla: ante la falta de evidencia y, dadas las circunstancias adversas para la autoridad electoral, es muy fácil, es muy cómodo, lanzar la sombra de la sospecha sobre aquella y acusarla de todo.

Es verdad: la noche de la jornada electoral se evidenciaron serias fallas en la capacitación y esto se tradujo en la imposibilidad de capturar el 100 por ciento de los resultados de las casillas en el Prep. Pero de ahí a la realización de una operación, por parte del IEC, para alterar el la voluntad popular, hay muchos abismos de distancia.

El órgano electoral de Coahuila debe hacer un análisis serio y autocrítico de las fallas registradas en la jornada electoral y asumir las responsabilidades derivadas de ello. Pero acusar a los integrantes de su consejo general de ser los orquestadores de un fraude no solamente es una mentira monumental, sino una infamia.

Aristas

Tomo prestadas las palabras pronunciadas por el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, al referirse a las acusaciones de “fraude” en los comicios del domingo. Lo ha dicho, creo, de forma insuperable:

“Hay acusaciones de fraude. Son descabelladas. Yo quiero decirlo con toda claridad: un fraude es un crimen electoral. Por lo mismo, hay que tomarlo con mucha seriedad. Ni desdeñar denuncias sin más, ni darlas por buenas cuando no hay pruebas.

“Porque todos los actores políticos tuvieron el derecho de estar en las casillas, de obtener el acta que llenaron… los ciudadanos funcionarios de mesa directiva… y es la hora, perdón, en que los propios actores políticos no han dado a conocer sus resultados de manera pormenorizada, cuando alegan que les ha favorecido.

“Yo creo, que si alguien tiene la percepción de que hubo algún procedimiento incorrecto que modificó lo que se expresó en las urnas y se recogió en los datos, debe de probarlo… pero denunciar, sin probar, es algo inaceptable viniendo de actores políticos que son poderosas maquinarias. Incluso la oposición recibe muchísimos recursos públicos precisamente para hacer valer sus derechos. No son criaturas desvalidas: tienen la obligación de probar sus dichos”.

@sibaja3
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