El empresario mexicano Alonso Ancira, conocido como “el rey del acero”, rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de “un país que no tiene leyes”, y acusó al presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.

La vista de extradición a México de Ancira se celebró este martes en la Audiencia Nacional española, después de que fuera detenido el año pasado en Palma de Mallorca (Islas Baleares, Mediterráneo).

El empresario mexicano está reclamado por su país por un delito de blanqueo de capitales, aunque él dice que son acusaciones falsas, instigadas por el Gobierno actual como parte de una campaña contra la Administración anterior de Enrique Peña Nieto.

La investigación a Ancira, propietario de Altos Hornos de México (Ahmsa), comenzó por una denuncia de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionada con un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes en 2013 a Pemex.

En ese momento Pemex estaba dirigida por Emilio Lozoya, actualmente en prisión en España y también reclamado por México por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Según explicó la letrada del Gobierno mexicano en la vista, también se investiga una presunta operación para fraccionar el pago de 3,4 millones de euros (3.86 millones de dólares) por parte de Ahmsa, que desembocó supuestamente en la compra de una vivienda del exdirector de Pemex y que podría ser constitutiva de un delito de blanqueo de capitales.

Sin embargo, Ancira, también nacional estadounidense, aseguró que los hechos por los que se le investiga son “falsos” y que él solo es “un daño colateral”.

“El señor presidente (López Obrador) quiere ir sobre la Administración anterior (Enrique Peña Nieto)”, dijo tras calificar al actual mandatario mexicano de “mitómano del tamaño de Hitler”.

También acusó a México de realizar “una demanda al azar sin una base sólida legal” que causó un “daño” a su empresa, que está “a punto de irse a la bancarrota”.

El fiscal español, que pidió demostrar esa supuesta acusación política “con hechos y no con palabras”, explicó que la Audiencia Nacional no puede hacer un “minijuicio” sobre la descripción de hechos realizada por México y consideró procedente dar “el beneficio de la duda” al país que le reclama.

Por su parte, la defensa de Ancira denunció que se “está encubriendo una auténtica persecución, no directa, pero sí indirecta” hacia su cliente y acusó a México de “abuso de derecho” por buscar el Estado donde pensaban que era más fácil extraditarle.