El próximo miércoles, una de las familias afectadas por la tormenta Hanna en el fraccionamiento El Campanario, interpondrá formalmente su demanda contra el Ayuntamiento de Saltillo por daños y perjuicios, a través de la materia civil en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad.

Fernando Rodríguez González, abogado de la familia, dijo que esta demanda no se ha convertido en colectiva todavía; sin embargo, su caso en específico va contra todas las administraciones que intervinieron en permisos y en omisiones que terminaron por dejar desprotegido el sector contra inundaciones.

“Hubo omisión, pero también violación de leyes. En ningún momento se debió haber permitido fraccionar y edificar el proyecto inmobiliario en Campanario, toda vez que tenía que hacer proyectos paralelos antes de desarrollar. Debían dar cumplimiento a la Ley de Aguas, a la de Asentamientos, cosa que no hicieron. Solo podemos inferir que hubo actos de corrupción e influencias, es muy clara la ley”, manifestó.

Después de evaluar la situación, Rodríguez González dijo que cuando menos en la investigación previa que han realizado para los antecedentes de la demanda, se tiene en cuenta que hay dos actas de Cabildo donde se menciona el desarrollo de fraccionamientos aledaños a El Campanario, firmadas tanto por la anterior, como por la actual administración municipal.

“No se llama Riquelme, Manolo ni Isidro: se llama autoridad municipal y estatal. El Ayuntamiento es un ente jurídico. Nosotros estamos demandando al Ayuntamiento por incumplimiento a las leyes”, expresó.

Además, dijo que hay datos que revelan que desde 2012 existía un proyecto que disponía de 176 millones de pesos donde el Municipio y el Estado también debían aportar para hacer una obra de corrientes encausadas a través de un canal hacia el arroyo Ceballos; sin embargo, desde 2016 ya no hubo novedades sobre la misma.

El abogado señaló que esta demanda va por daños y perjuicios; en el primero de los motivos por las pérdidas que se calculan entre 6 y 7 millones de pesos solo en una vivienda, y por el segundo motivo, se encuentra el perjuicio de que la plusvalía de la colonia se desplomó y ahora los residentes no podrán vender su patrimonio.

“Nosotros vamos a exigir que se repare el daño para que se pague el monto del lote y el monto total de la edificación; ese es el daño. Y el perjuicio es que ya nadie se va a querer ir a vivir a El Campanario, y otro perjuicio es que mientras que el Gobierno no realice una obra como la que se tenía aprobada en 2012, toda la zona norte se va a seguir inundando”, advirtió.