El Ayuntamiento alista el remate de bienes que se han embargado a deudores de fotomultas, informó ayer la Dirección Jurídica del Municipio. 

“Ya hay procedimientos abiertos en ese sentido, tengo entendido inclusive que ya tenemos algunos donde se ha llevado a cabo el embargo de bienes que son propiedad de los deudores y que ahorita entramos a la etapa del remate para poder obtener el cobro”, afirmó en entrevista Roberto Castro, director jurídico.

Por separado, la Tesorería municipal anunció que alrededor de tres mil 500 personas están a punto de ser embargadas por adeudos de multas electrónicas que datan del año pasado.  

El responsable de las finanzas municipales, Adrián Ortiz Gámez, afirmó que a mediados de diciembre concluyó el plazo de notificación y requerimiento de pago, no obstante aún no comienzan con estos procedimientos de embargo. Comentó que el adeudo incluso de una sola multa es motivo para iniciar con el proceso de ejecución fiscal.

“A partir de una multa que esté vencida, creo que son 15 días, 30 días, y luego empieza el procedimiento de ejecución que son 15 días hábiles, y luego ya después el procedimiento de embargo, todavía no llegamos al último”, explicó el tesorero municipal.

En otro tema, tanto el director jurídico como el tesorero municipal negaron que a través del impuesto predial se vayan a cobrar los adeudos por multas electrónicas, ambos expresaron que esto no es posible ya que se trata de conceptos completamente distintos por lo que buscarían la cobranza a través de otros mecanismos.

“No podemos mezclar una cosa con otra, lo contaminaríamos”, comentó el tesorero Adrián Ortiz.  
Sigue convenio en el ‘aire’

Mientras que autoridades municipales de Saltillo informaron que no han recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno del Estado en la que les notifiquen la reserva del padrón vehicular, en Gobierno del Estado aún analizan si mantendrán el acuerdo. 

El director jurídico del Ayuntamiento, Roberto Castro, recordó que en el convenio del año pasado se incluye que la autoridad estatal proporcionaría de manera periódica los cambios que se den en esta base de datos.

Por su parte, Roberto Díaz, administrador fiscal general del Estado, sostuvo que el acuerdo está siendo revisado por el departamento jurídico del gobierno estatal.