Saltilllo.- Representantes de organizaciones civiles consideraron que la Ley de Disciplina Financiera recientemente promulgada tiene efectos positivos pero “podría representar un eventual rescate de la deuda que inconstitucionalmente haya sido contratada”.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la que forma parte el diputado coahuilense Javier Guerrero, se reunió con organizaciones civiles para conocer su opinión sobre la deuda pública de las entidades federativas y los municipios. 

Las organizaciones ciudadanas alertaron que ninguna cuenta pública informa en qué se usa la deuda pública, por lo que solicitaron a esta comisión dictaminadora legislar en este tema, ya que es fundamental vigilar a estados y municipios en este rubro. 

Consideraron necesario un monitoreo de todas las obligaciones que tienen las entidades y los ayuntamientos con la Ley de Disciplina Financiera. 

El saldo de la deuda pública bancaria de Coahuila, al 30 de abril de 2016, es de 37 mil 231 millones 800 mil pesos, según información de la Secretaría de Finanzas.

En la reunión, los representantes de México Evalúa, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, FUNDAR-Centro de Investigación y Análisis, IMCO y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria aseguraron que las obligaciones de pago no registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrían duplicar el monto de la deuda estatal.

Se puntualizó que es fundamental tener un diagnóstico de la situación de la deuda pública para estados y municipios, así como construir una base de datos, con el propósito de tomar mejores decisiones en esta materia. 

El representante del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Díaz Infante Chapa, encargado de dar a conocer un documento de las organizaciones, consideró que la amplia definición que se hace de “deuda pública” en los artículos 2, 22 y 34 de la Ley de Disciplina Financiera permitiría hacer un rescate de la deuda que no está registrada ante la SHCP.

Lo anterior, opinó, ocasionaría que el monto de las deudas estatales pudiera pasar de 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6.5 por ciento.

En la reunión, los representantes de las organizaciones civiles señalaron que se debe partir de la definición de “deuda pública” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en 2007 al resolver que la Ley de Deuda Pública del estado de Sonora violaba el artículo 134 constitucional, es decir, que cuando hay compromiso de recursos públicos, se trata de deuda.