Hace unos días la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público y presentó, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, su informe Anual 2015 sobre el estado de la libertad de prensa en la región. El documento es un abecedario repetitivo de las continuas falencias y ataques que ésta ha sufrido en el hemisferio durante el año anterior.

Junto con reconocer el excelente trabajo de recopilación de atentados contra la prensa, se debe destacar la noble posición de este organismo en su defensa de los medios y de los periodistas, frente al torrente de amenazas y acciones directas que sufren a diario.

Las faltas son conocidas y se repiten año tras año. Además de los 27 periodistas asesinados por motivos vinculados con su profesión, la CIDH aboga por la protección física de los actores involucrados, como asimismo facilitar el libre ejercicio de la profesión. Además, recomienda que se deroguen las leyes que penalizan el desacato y criminalizan la difamación; y exhorta a las autoridades estatales para que se abstengan de hacer declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas y medios de comunicación.

Especial atención pone la CIDH en los casos de Ecuador y de Venezuela. En el país gobernado por Correa, denuncia que las detenciones arbitrarias han aumentado y los abusos, que se escudan en la Ley Orgánica de Comunicaciones, se hacen más frecuentes.

En Venezuela, por otro lado, la Comisión denuncia las acciones de altos funcionarios que atacan a periodistas críticos al gobierno y acallan a la prensa que investiga y denuncia actos de corrupción. Mientras tanto los diarios del país se mantienen en jaque debido a la falta de papel prensa, insumo indispensable para la circulación de medios impresos.

Desde agosto de 2015, tres decanos de la prensa del interior cerraron sus operaciones, además de El Carabobeño de Valencia, que este mes de marzo publicó su última edición. Desde el 2013, el número de diarios bajó de 115 a 94 al día de hoy.

En Venezuela el estado impone un control de cambios que obliga a los medios a gestionar el acceso a los cupos de divisas. El juego que impone el gobierno es injusto porque el cierre de los diarios afecta directamente a los trabajadores de la prensa que en un número superior a 6.000 verán desaparecer sus fuentes de trabajo. Pero aún más importante es que la opinión pública queda desinformada y solo con la visión distorsionada de la prensa oficialista.

¿Y cómo revertir esta situación donde informes como los de la CIDH insisten en las mismas denuncias, pero sin cambios visibles de esta situación? Los gobiernos de turno en la región, ignoran las críticas internas y externas, mientras mantienen un abusivo control sobre la prensa. En aras de, supuestamente, defender todas las libertades y de la estabilidad económica y social, siguen coartando la libertad de expresión.

O sea, estamos frente a un enigma donde las denuncias, bien documentadas, y las investigaciones sobre estos abusos no sirven absolutamente de nada. Continúan las reuniones, informes y misiones, pero no existen las soluciones ni los remedios efectivos que puedan eliminar esta enfermedad. Tal dolencia es muy fuerte pues restringe la posibilidad de informarse, de formarse una opinión ilustrada, y deja al público al arbitrio de la intolerancia de gobernantes que impiden que el pueblo se informe libremente.