Con información de Édgar González/ Ricardo Mendoza

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto anunciaba una desesperada -y para muchos ridícula- medida de bajar 10 por ciento el salario de los funcionarios federales de alto nivel para a fin de reducir el gasto público, ante un País encendido por las protestas y saqueos tras el gasolinazo, la élite burocrática nacional no sólo mantiene, sino que aumenta sus privilegios.

En una desafortunada coincidencia de agendas, cuando miles de ciudadanos tomaban las calles de muchas ciudades para manifestarse pacíficamente contra el aumento al precio de la gasolina, y algunos grupos radicales convertían estos actos en vandálicos, ayer mismo trascendía el aumento de 15 por ciento al aguinaldo autorizado para cada consejero del INE, además del incremento del 3.2 por ciento a su salario que será de 183 mil 398 pesos mensuales.

Pero además, el Consejo de Judicatura Federal dará al mes 5 mil 600 pesos ¡en vales de gasolina! a cada magistrado y 3 mil pesos a cada juez del Poder Judicial de la Federación. 
 
Y es que, al anuncio de Peña Nieto sobre la reducción de sueldos le faltó decir cuánto representaría de ahorro para el Gobierno Federal, a dónde se destinaría, y clarificar cuántos burócratas federales estarían dentro de la medica.
 
Los ejemplos de los privilegios de la clase política abundan a nivel federal, estatal y municipal, en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, así como en diferentes organismos públicos.
 
El Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, gastó en el 2016 en vales para gasolina de los legisladores casi 14 millones de pesos, y para este 2017 se espera que la cantidad ascienda.
 

Por si no fuera poco con recibir boletos de avión, vales de gasolina y una partida para gastos, los legisladores federales se autoregalaron antes de finalizar el 2016 un bono navideño de 150 mil pesos, un bono de atención ciudadana por 141 mil pesos y un bono extra por 109 mil pesos, todo con cargo al bolsillo de los mexicanos.
 
Los servidores públicos federales tienen un seguro de gastos médicos mayores que representó en el 2016 un gasto de casi 3 mil 500 millones de pesos; esta prestación es independiente de su servicio médico general en el ISSSTE.
 
Otro ejemplo, ahora en los estados, en Chihuahua, la nueva administración pública pidió la aprobación de un presupuesto de casi 6 millones de pesos para gasto de telefonía celular de sus servidores públicos en el 2017.
 
El Instituto Nacional Electoral aprobó, apenas empezando el año, adquirir 200 teléfonos celulares marca iPhone 7 Plus para sus consejeros electorales y personal de entidades federativas.
 
Al iniciar el 2016, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), cuyo presupuesto es escaso, adquirió de contado una camioneta Acadia GMC Denalli de lujo con un valor de casi 700 mil pesos para el traslado de su presidente.
 
Coahuila algunos organismos públicos tienen fondos para el retiro superiores a los del promedio de otras instituciones, incluso de los municipios.
 
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de los sueldos más altos de todo el País y de las prestaciones más onerosas en México, también sus gastos en alimentos para los ministros de manera anual superan los 15 millones de pesos.
Anoche, cuando el presidente Peña Nieto en su discurso acusaba a factores del exterior y a sexenios pasados de este gasolinazo y anunciaba como gran medida recortar el salario de los colaboradores de alto rango, sin decir lo que esto representará de ahorro, los ataques a comercios seguían por todo el País.

Ante este desesperado anuncio, algunas voces ciudadanas exigen que la Federación, estados y municipios transparenten los contratos que tienen con las distintas aseguradoras en todo el País para las coberturas de gastos médicos mayores, de vida y otros con que se privilegia a los altos mandos, principalmente de nivel de subdirecciones hacia arriba.

También que se dé a conocer lo que cuesta a los ciudadanos los apoyos en vales de gasolina que se da a esa élite que nada tiene que ver con personal operativo. Que abran esos contratos con las gasolineras.

Se pide hacer públicos los privilegios de la élite sindical de muchas paraestatales en general, donde además de apoyos de lujo insultantes para la realidad salarial de los mexicanos se prodigaron planes de jubilación con excesos que aún se mantienen.

Los más altos mandos del Poder Judicial nacional consiguieron hace algunos años exención de impuestos a sus de por sí altísimos salarios. En cada estado hay organismos ciudadanos y/o descentralizados con prestaciones infinitamente superiores a la Ley que deberían también ser transparentados.

Édgar González/ Ricardo Mendoza