Amnistía Internacional ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de México por la desaparición en 1936 en España de un ferroviario, al no poder "obtener la verdad y la reparación de la justicia" española, dijo a Efe Esteban Beltrán, director de esa organización humanitaria en ese país.

Poco después del levantamiento militar de julio de 1936 que inicio la Guerra Civil en España, Félix Llorente, un ferroviario de 27 años, desapareció; ahora, ocho décadas después, una familiar suya acude a la justicia mexicana de la mano de Amnistía Internacional (AI) para que se investigue su paradero.

"Estamos en México como están en Argentina decenas de víctimas porque en España no se puede obtener la verdad y la reparación", asegura Beltrán, director de AI España, que el martes presentó una denuncia en la fiscalía mexicana junto con Anais Huerta, sobrina-nieta de Llorente.

Se trata del primer caso en que víctimas de la Guerra Civil y el franquismo acuden a los tribunales de México, ante las trabas que encuentran en la justicia española.

En España, indica Beltrán, este tipo de denuncias "no se admiten a trámite" o se archivan. Además, la Ley de Amnistía de 1977 "impide la investigación criminal de estos casos".

Presentan la denuncia en México, un país en el que hay 27.000 desaparecidos, según cifras oficiales, porque tiene una legislación que permite este tipo de acciones desde la reforma constitucional de 2011.

También porque si se lograra emprender una investigación o que haya un fallo "ayudaría como precedente" a otros casos nacionales, apunta el director.

Huerta se encontró con la historia del hermano de su abuela hace cinco años, cuando algunos archivos de la Guerra Civil se abrieron y comenzó a ayudar a su padre en la investigación de esta historia familiar.

Lo que saben es que Llorente, que trabajaba en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, comunidad de Castilla y León, fue encarcelado pocos días después del levantamiento militar y dos semanas más tarde desapareció cuando era trasladado a otra prisión, según registros de las autoridades.

"No es un caso aislado", remarca Huerta. "Lo que hicieron los sublevados fue eliminar sistemáticamente a todas las personas de izquierda en los primeros meses de manera extrajudicial; desaparecían los cuerpos para sembrar el terror".

Aunque cree que ya no van a encontrar responsables por todo el tiempo que ha pasado, su clamor es que se permita el acceso a los archivos y que "el Estado (sea el que) investigue, no asociaciones familiares, como ha pasado hasta ahora".

Asimismo, espera que se pueda abrir una fosa común de la localidad -una de las cerca de 2.000 que se crearon en todo el país-, en la que "hay más de 200 cuerpos que es donde tiraban a la mayoría de represaliados esos meses".

"Llevamos 50 años de retraso", afirma Beltrán, e indica que en España "nunca ha habido tiempo" para las víctimas del franquismo y solo se han hecho "algunas leyes de reconocimiento mínimas", como la Ley de Memoria Histórica de 2007.

"No es un problema de distancia, ni de tiempo; es un problema de que se quiera hacer o no, y lo que esperamos es que el Gobierno colabore con las autoridades mexicanas", a diferencia de lo que se ha hecho anteriormente con la justicia argentina, dice el director de AI España.

En Argentina, donde la juez María Servini investiga violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura franquista, el Estado español "no ha dicho la verdad", ya que ha reclamado la competencia del caso para investigarlo -"cuando en España no se investigan estos casos, se archivan"- y ha obstruido el trabajo de la juez poniéndole obstáculos para conseguir testimonios, asevera Beltrán.

Beltrán aprovecha para denunciar que en España "no hay cifras oficiales" de estos crímenes porque no hay casos investigados.

La única cifra que se tiene, afirma, viene de cuando 114.000 casos fueron presentados ante un juez de la Audiencia Nacional, "la mayoría de desaparición forzada, pero también de robo de bebés o tortura".

Después de que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (fiscalía mexicana) abra el expediente, lo que sigue es que el Ministerio Público decida si inicia o no una investigación, explica el director de AI México, Perseo Quiroz.

Sin embargo teme que lo que "probablemente suceda", será que "tarden mucho más tiempo e intenten que esto se muera lento", lo que haría que Amnistía Internacional lleve el caso a los tribunales para obligar a la fiscalía a tomar una decisión.