Amnistía Internacional (AI) reconoció este miércoles los avances entorno al caso del defensor medioambiental mexicano Julián Carrillo, asesinado el 2018, pero expresó inquietud por la supresión de fideicomisos destinados a la protección de activistas.

“Los casos como el de Julián Carrillo son casos paradigmáticos que muestran lo graves que pueden ser las consecuencias de la lucha por conservar la naturaleza y defender los territorios, pero sobre todo la falta de atención por parte de los estados a las causas estructurales que generan esta situación de violencia”, expresó Érika Guevara, directora para las Américas de AI en rueda de prensa.

La organización lamentó que el Senado aprobara este miércoles la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos los destinados a la protección de activistas y periodistas, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador los considera “focos de corrupción“.

Para la directora de AI en México, Tania Reneaum, el asesinato de Carrillo demuestra que “la ayuda a defensores de derechos humanos y periodistas debería reforzarse”.

Julián Carrillo, que formaba parte de un programa de protección gubernamental para activistas, huyó el 24 de octubre de 2018 a un cerro al ser perseguido por un grupo armado; él luchaba por la defensa del territorio en su comunidad, Coloradas de la Virgen.

Uno de sus hijos escuchó un tiroteo y avisó a las autoridades, pero pronto se encontró el cuerpo sin vida de Carrillo.

Van al menos 10 activistas asesinados

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desde enero hasta mayo de 2020 fueron asesinadas 10 personas defensoras del medio ambiente, de la tierra y de los recursos naturales.

Amnistía Internacional y otras organizaciones mantuvieron este miércoles un encuentro con Javier Corral, gobernador de Chihuahua, donde fue asesinado Carrillo.

En conferencia de prensa, expresaron que el gobernador se comprometió a entregarles un informe de la investigación y les aseguró que se realizará una nueva reunión a principios de 2021 para conocer el estado del proceso judicial, en el que hasta el momento hay dos personas implicadas.