La distribución de aguinaldos representa una de las tantas imágenes que coleccionamos para evidenciar el incremento de la desigualdad al que se enfrentan los trabajadores año con año. 

A pesar de que el Inegi señala que 53 millones 200 mil mexicanos formamos parte de la población económicamente activa, de ese total, 34.3 millones son trabajadores subordinados y remunerados, a quienes por ley correspondería esta prestación; sin embargo, este año, 33 millones de trabajadores que son subcontratados, tienen trabajos eventuales, cobran por colaboraciones o trabajan en la informalidad, no acceden al aguinaldo. 

Además de que la mayoría de los trabajadores no reciben aguinaldo, se ha dado un incremento en la exclusión. De acuerdo con una nota de La Jornada en entrevista a Luis Lozano Arredondo, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM: “En 1988, 5 millones 504 mil personas no gozaban de beneficios laborales, entre ellos el aguinaldo, pero en la actualidad son más de 33 millones los que no cuentan con ellos”. 

En contraste, políticos y funcionarios son quienes se arrojan por una buena tajada de recursos públicos llenando su bolsillo de colaciones injustificadas. Revisando los anexos del Presupuesto de Egresos 2016, en comparación con 2014 el incremento en las cantidades que se otorgan alcanza hasta 50 por ciento. Su inconsistencia para aplicar políticas de austeridad a sus bolsillos rebasa la línea del cinismo. 

Sin ninguna vergüenza, entre los funcionarios que se reparten aguinaldos mayores al medio millón de pesos, están los senadores y diputados, los ministros de la Corte, los magistrados y consejeros de la Judicatura. El presidente Enrique Peña Nieto alcanza un aguinaldo de casi medio millón. 

Titulares de los órganos autónomos también salen ganones con autoasignación de aguinaldos de poco más o menos de 400 mil pesos. Encabezan la lista los titulares del INE, Inegi, CNDH y Auditoría Superior de la Federación, así como integrantes de la Comisión Federal de Competencia. 

La peor de las escenas que representan la codicia y el autoritarismo en relación con los aguinaldos se dio en pleno 24 de diciembre en Xalapa, donde por órdenes del gobernador Javier Duarte se reprimió a pensionados que llevaban tres días exigiendo el pago oportuno de sus aguinaldos y del incremento retroactivo salarial. A pesar de que la ley señala que los aguinaldos se entregan a más tardar el 20 de diciembre, 30 por ciento de los 27 mil jubilados de Veracruz no recibió sus pensiones y aguinaldo en tiempo y forma. Al grito de “no falta dinero, sobran ladrones”, se aglutinaron frente al Palacio de Gobierno, sin imaginar que les esperaba una barrera de policías que violentamente inhibirían su protesta. 

Según narran testigos: policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana acudieron a detener a los manifestantes, con toletes, escudos y bastones eléctricos. El saldo del acto represivo del Gobernador fue de seis personas lesionadas. 

Pero eso sí, el señor Javier Duarte recibió un aguinaldo mayor a los 200 mil pesos. Junto con él, seis consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos CEDH. 

Si la ley se cumpliera, Duarte podría ser multado, ya que el aguinaldo es un derecho irrenunciable, su monto mínimo es de 15 días de salario y se debe recibir antes del 20 de diciembre y el patrón no puede alegar dificultades económicas para omitir el pago. En consecuencia, el pago del aguinaldo incompleto o a destiempo causa multas a patrones. 

Vendría bien que los pensionados afectados no sólo en sus derechos laborales, sino en su derecho a la libre protesta, acudan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para demandar que les sea cubierto su aguinaldo y que se generen consecuencias contra las autoridades responsables.