La nota principal de la sección local publicada ayer en VANGUARDIA es un excelente ejemplo de los elevados costos económicos, sociales y ambientales que resultan de políticas públicas deficientes. Redactada por José Reyes e ilustrada con fotografías de Omar Saucedo, nos relata el impasse en el desarrollo del proyecto bautizado como “línea morada”, consistente en la construcción de ductos para transportar parte del agua tratada (300 litros por segundo) desde la planta de tratamiento en Saltillo a la zona industrial en Ramos Arizpe.

Unos cuantos números para ilustrar mi dicho. La planta tratadora de aguas residuales (PTAR) localizada al norte de la ciudad de Saltillo produce 950 litros de agua por segundo. Con esta capacidad y contando en metros cúbicos para facilitar los cálculos, produce casi 30 millones de metros cúbicos por año. El mes próximo cumplirá nueve años de operación, lo que quiere decir que a esa fecha habrá generado casi 270 millones de metros cúbicos. ¿Cuál es el valor comercial de esta cantidad y calidad de agua? A un precio estimado de nueve pesos el metro cúbico (35 por ciento más barata que el agua para uso industrial), estaríamos hablando de un monto que rasca los 2 mil 500 millones de pesos. Sólo el 0.6 por ciento de esa agua se ha comercializado, lo que significa que durante nueve años se habrán tirado al arroyo algo así como 2 mil 485 millones de pesos.

Mientras tanto, los usuarios, el Gobierno Federal y el propio Ayuntamiento cubren los costos de tratamiento de las aguas residuales, sin obtener ningún beneficio de las aguas desaprovechadas en el lecho del arroyo.

Adicionalmente, el agua tratada empleada en procesos industriales o en irrigación de áreas verdes permitiría disponer de un mayor caudal de agua potable para cubrir otras necesidades, logrando así un manejo sustentable de un recurso valioso escaso, como lo es el agua. De igual forma, dispondríamos de una importante cantidad de agua para desarrollar bosques y áreas verdes urbanas, con un potencial importante de captura de carbono.

Según la información proporcionada en la nota de José Reyes, el costo de la “línea morada” se estimó en 100 millones de pesos. Como ya se indicó, la capacidad de conducción contemplada es de 300 litros de agua por segundo, es decir, poco más de 94.6 millones de metros cúbicos de agua por año, los cuales generarían ingresos por casi 851.5 millones de pesos. Ese flujo de efectivo permitiría recuperar rápidamente la inversión aun y cuando fuera realizada mediante financiamiento. De hecho, este proyecto sería un muy buen ejemplo del tipo de iniciativas que podrían financiarse sin problema mediante la contratación de deuda pública de largo plazo, pues su reembolso estaría garantizado por los flujos de dinero obtenidos a lo largo de la vida útil de esa infraestructura.

Con esos números, lo que resulta sorprendente es que no se hubiera contemplado el aprovechamiento del agua tratada desde el momento mismo en que se proyectó la construcción de la PTAR y no sólo para los 300 litros de la “línea morada”, sino para toda el agua procesada en dicha planta.

Parte del problema es la ubicación de la PTAR, en el límite norte de la ciudad de Saltillo, sitio con un nivel topográfico inferior al resto de la capital, lo cual restringe el mercado para el agua tratada significativamente, pues para transportarla hacia el sur sería necesario contemplar costos adicionales de bombeo y mayores emisiones de dióxido de carbono. Resultaba mucho más sensato construir dos o tres plantas de menor escala aguas arriba y beneficiarse de la gravedad para distribuir el líquido saneado aguas abajo con menores costos y para un mercado potencial más amplio. Esto fue señalado oportunamente a las autoridades de la época, pero, como de costumbre, pesaron más los intereses políticos y económicos de unos cuantos.

A pesar de lo anterior, la propuesta presentada a mediados del 2011 por el alcalde de la época, Jericó Abramo, era económicamente viable. Tal como lo reporta la nota referida, el Ayuntamiento solicitó autorización al Congreso del Estado para contratar un crédito que permitiera fondear el proyecto. ¿Por qué no se autorizó? Por el “fuego amigo” en contra del Alcalde. De nueva cuenta, los intereses políticos de los menos, descarrilaron una iniciativa favorable para el interés comunitario.

Ahora, con una administración panista al frente del Ayuntamiento, nuevamente la disputa de los pocos se lleva entre las patas el beneficio mayoritario. Por las razones señaladas, difícilmente puede encontrarse un proyecto público con tantas bondades económicas, sociales y ambientales como el ya señalado. Y sin embargo, no está en las prioridades de los gobernantes en turno concluir el proyecto. Aun y cuando se inició la construcción de la “línea morada”, se dejan los proyectos inconclusos y no se programan recursos para concluir las obras, añadiendo daños adicionales a la hacienda pública.

¿Cómo podemos permitirnos semejantes desperdicios? En esto tiene razón el Agente Naranja, la gran mayoría de los políticos mexicanos que “parten el queso”

(los mandones, pues) son ineficientes, caprichosos y corruptos. Esto debe de cambiar en México para que seamos merecedores de un mejor destino.

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