Cuando se publicó la información relativa a la millonaria demanda que perdió Agsal, tras el reclamo de una comunidad ejidal, advertimos en este espacio la necesidad de estar atentos a la forma en la cual reaccionaría la empresa y qué fórmula plantearía para cubrir la indemnización a la cual ha sido condenada.

La preocupación era absolutamente fundada, como lo demuestran las declaraciones del gerente de la empresa, Jordi Bosch Bragado, publicadas el fin de semana anterior, según las cuales la primera opción para recaudar el dinero que debe pagarse es la de incrementar las tarifas del servicio.

Más allá de las razones comerciales que esgrima el ejecutivo de la empresa para plantear la necesidad de incrementar las tarifas, deben tenerse en cuenta en este caso algunos aspectos importantes:

El primero es el carácter mixto de Agsal. Esto quiere decir que cuándo el juez condenó a la empresa al pago de la millonaria indemnización, también nos condenó a los saltillenses y que lo hizo en una proporción mayor a la de nuestros socios comerciales, pues nosotros somos propietarios del 55 por ciento de las acciones.

El segundo —íntimamente ligado con el primero— es que, por ser socios mayoritarios de la empresa, los saltillenses tenemos la mayoría de los votos en el Consejo de Administración de la misma y ninguna acción puede tomarse en este asunto sin la aprobación de quienes nos representan en el órgano de gobierno de Aguas de Saltillo.

Finalmente es de tenerse en cuenta que, de conformidad con el principio jurídico de que nadie está obligado a lo imposible, no es forzoso que la empresa pague la indemnización en una sola exhibición, posibilidad que el propio gerente de Agsal ha puesto sobre la mesa.

Con tales elementos a la vista, lo que los saltillenses podemos —y debemos— exigir de la administración que encabeza Isidro López Villarreal, es una actuación a favor de los intereses colectivos.

De entrada es necesario plantear que un incremento en las tarifas del servicio que presta la empresa, sin que se analicen previamente las demás alternativas existentes para cubrir la indemnización, es absolutamente inadmisible.

El alza en las tarifas debe ser la última opción para hacer frente a este compromiso y no la primera. Solamente si se nos demuestra que no existe otra forma de cubrir el adeudo, o que cualquier otra opción traería más perjuicios que beneficios, sería posible acceder a la pretensión que ha planteado el Gerente Comercial de Agsal.

Sería de esperarse en este sentido, que el Alcalde fije posición al respecto y que lo haga sin ambigüedades, es decir, asumiendo el compromiso con los saltillenses de defender sus intereses en este caso y no permitir que se pretenda meter la mano en el bolsillo de los usuarios para cubrir el compromiso derivado de un mandato judicial.