La palabras escogidas por el presidente Municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal, para responder al señalamiento de la secretaria Eglantina Canales, en el sentido de que no se dio aviso oportuno a los integrantes del Consejo de Administración de Agsal, respecto de la demanda interpuesta en contra de la empresa por la comunidad Tanque de Emergencia, merecen análisis detenido.

“Sí tiene razón la Secretaria de que se conoció (el asunto) un poco tarde, pero es un proceso que en ningún momento se pensaba que fuera a seguir más adelante… pero ahí estuvo en el Consejo, yo estuve presente en las reuniones. Sí se conoció, no en el momento que sucedió la demanda”, ha dicho el munícipe.

Es indispensable remarcar la expresión “es un proceso que en ningún momento se pensaba que fuera a seguir más adelante…”, pues pareciera que en ella se encuentra encerrado el “secreto” detrás de esta auténtica pifia jurídica en la cual incurrieron los asesores legales de Aguas de Saltillo, pifia que podría costarnos muy cara a todos los saltillenses.

Y es que la frase pareciera dar a entender que la cabeza del Ayuntamiento —y quienes le aconsejan en temas jurídicos, puede entenderse— supieron con toda oportunidad del tema pero habrían decidido que no era importante, que se trataba acaso de un asunto que no trascendería.

Si eso es lo que el Presidente Municipal de Saltillo quiere decir, entonces podría conjeturarse que el gobierno municipal decidió acaso respaldar la estrategia jurídica que en su momento habrá escogido la gerencia de la empresa y que culminó en la ya conocida multimillonaria condena.

Visto el asunto en retrospectiva está claro que las decisiones tomadas en su momento para responder a la demanda, controvertir los argumentos de los demandantes y aportar las pruebas necesarias para conjurar el riesgo de la condena fueron equivocadas.

De forma ordinaria, es importante decirlo también, a ningún abogado o equipo jurídico puede exigírsele que garantice el triunfo en una controversia pues no existe forma de asegurar cuáles argumentos serán capaces de generar mayor convicción en el juzgador.

Sin embargo, no se requieren conocimientos jurídicos para deducir que si un asunto es pobremente atendido, si se menosprecia al adversario, o si se deja en manos de un abogado inexperto, las probabilidades de salir derrotado del enfrentamiento crecen de forma importante.

Las palabras del alcalde López Villarreal parecieran denotar que hubo descuido en la atención jurídica del caso o que en su momento no se le dio la importancia requerida. Y si eso es lo que pasó, los saltillenses tendríamos que comenzar a preguntarnos por qué debemos ser nosotros quienes terminemos pagando los platos rotos.

Lo menos que podría esperarse de la administración municipal es la realización de un análisis experto de la forma en la cual se actuó en este caso, a fin de establecer si la actuación negligente de algún funcionario es la causante del mayúsculo descalabro que está a punto de costarnos decenas de millones de pesos.