En la LIX Legislatura, como diputada federal, me tocó promover la fundación del primer grupo de trabajo para dar seguimiento a las agresiones a periodistas. Esta problemática trastoca el desarrollo democrático del país, porque vulnera la libertad de prensa, el derecho a la información y la rendición de cuentas. Entonces logramos despenalizar los delitos de prensa buscando disminuir las agresiones físicas y encarcelamientos que sufrían los periodistas. Advertíamos que los asesinatos a informadores mostraban una problemática más profunda de violencia e impunidad.

Diez años después, la ineficacia del Estado mexicano para combatir la impunidad se ha agudizado y ha generado una crisis en la que los derechos fundamentales son vulnerados, y en este escenario tan adverso los periodistas realizan su trabajo diario. El régimen actual se ha caracterizado por la corrupción, el vacío de autoridad, policías corrompidas e infiltradas por el crimen organizado –cada vez más empoderado y más violento–, jueces coludidos o amenazados y, en general, mucha desconfianza y desesperanza.

El informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos da cuenta la situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que han hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.

El periodismo crítico resulta incómodo tanto a gobiernos corruptos como a grupos de la delincuencia organizada. Periodistas y medios de comunicación enfrentan toda clase de obstáculos para desempeñar su labor y son objeto de constantes agresiones, sin garantías para desempeñar su trabajo.

Casos recientes como el de Iris Velázquez, vejada y detenida por policías del Estado de México cuando cubría un desalojo y el allanamiento a las oficinas del portal Aristegui Noticias, dan cuenta de esta situación. El Universal ha informado muchas veces de esas agresiones, y también la Comisión Interamericana de Prensa.

En 2015, la PGR informó al Senado que desde el año 2000 han sido asesinados 103 periodistas y otros 25 se encuentran desaparecidos. La organización Artículo 19 señala que de enero a septiembre de 2016 fueron asesinados otros diez, y documenta un total de 88 agresiones al gremio. El portal Animal Político señala que de 798 investigaciones abiertas en los últimos años, en 101 casos fue consignado el agresor ante un juez, y en sólo dos casos se emitieron sentencias condenatorias. Esto es gravísimo porque implica que se dejó impune al agresor en 98% de los casos y, dada la importancia de los periodistas en la transmisión de la información, se niega a la sociedad el derecho a la información.
El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo y en una sociedad democrática eso no es normal, ni debe permitirse; ni la violencia dura –la que agrede y asesina–, ni la violencia suave –la que oculta, censura y hostiga–.

No corresponde sólo a la prensa luchar por desmantelar las redes de corrupción e impunidad que dañan a nuestra sociedad y socavan el desarrollo del País. Es urgente el compromiso serio de la clase gobernante con la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos para el ejercicio de las libertades democráticas, así como con la libertad de expresión y el derecho a la información. También es necesario construir una nueva relación prensa-poder, ética y trasparente, que privilegie el interés de la sociedad.

@Beatriz_Mojica