ACONCHI, SON.- A siete años del derrame de 540 toneladas de desechos tóxicos al río Sonora por parte de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, los pobladores lidian con otro problema: la pandemia por COVID-19. Las actividades económicas y turísticas se desploman; la situación se torna grave, dijeron.

Ante este panorama, los afectados por la contaminación aún tienen la esperanza de que el Gobierno de la República inicie el procedimiento para la reactivación del Fideicomiso del Río Sonora y se les restituyan sus derechos a la salud y al agua limpia, como lo decretó la Suprema Corte de Justicia en 2020.

Francisco Ramón Miranda, integrante fundador de los Comités de Cuenca del Río Sonora, habló de la lucha que mantiene junto a otros líderes.

Los activistas forman parte del movimiento comunitario organizado para exigir la solución integral y respeto a los derechos humanos tras el desastre ambiental provocado por Grupo México en Sonora el 6 de agosto de 2014, por un “fallo estructural” de la mina Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea. Se trata de la tragedia ecológica más grande en México.

Hace siete años, una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.

Un caudal de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales, como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito.

Mientras tanto, los habitantes del río Sonora compran a 30 pesos el recipiente con 10 litros de agua purificada en las tiendas de conveniencia.

Aseguran que la pandemia por COVID-19 les llegó “una tras otra”; ni siquiera pudieron reponerse de los estragos que les ocasionó el derrame de tóxicos cuando empezaron las restricciones ante el coronavirus.