Los agentes migratorios mexicanos extorsionan a las familias de los migrantes recluidos en las estaciones a cargo del Gobierno federal. La práctica es generalizada y se da con la implicación directa de estos funcionarios, documentó el consejo del comité ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) tras realizar un monitoreo en 17 centros de detención. El reporte también alerta sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes en los operativos del control y de una "práctica sistemática" de privación de la libertad de las personas que carecen de documentación.

Los casos de extorsión que se registraron siguen el mismo patrón. "Cuando una persona detenida efectúa una llamada telefónica a sus familiares desde el centro de detención (desde las oficinas o desde los teléfonos de tarjetas), unas horas después estos familiares reciben otra llamada al mismo teléfono, en la que se presenta un individuo que exige dinero a cambio de, bien preservar la integridad o la vida de la persona detenida, bien favorecer su puesta en libertad y su regularización migratoria", se expone en el informe titulado Personas en detención migratoria en México.

Las personas que realizan las llamadas, en ocasiones se presentan como el “pollero” y en otras aseguran tener secuestrada a la persona. Para el estudio se recabaron testimonios de 122 personas privadas de la libertad -87 cuestionarios y 35 estudios psicosociales en profundidad-, se realizaron entrevistas con autoridades y personal del INM,y se revisaron 150 expedientes de procedimientos administrativos. La gran mayoría de las personas detenidas proviene de Centroamérica, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor medida de Nicaragua.

El informe Migrantes en tránsito por México: rostro de la crisis humanitaria también había advertido que los principales delitos de los que son víctimas las personas sin papeles son el robo, la extorsión, el secuestro, la privación ilegal de la libertad y el homicidio. Durante 2015 se presentó una reducción en los delitos atribuidos a la delincuencia organizada, al pasar de 1.257 registros en 2014 a 956 en 2015. Sin embargo, se advertía, resulta alarmante que se hayan incrementado los delitos atribuidos a las autoridades.

El informe del INM también alerta sobre sobre el hacinamiento y las malas condiciones de los centros. "El hacinamiento es una constante invariable en los centros de detención, particularmente en los centros concentradores", detalla. Algunos lugares son improvisados, carecen de luz y ventilación natural y tienen problemas de distribución de la población detenida. "La falta de insumos para dormir, como colchones, colchonetas y colchas era evidente", se agrega. Otro de los problemas es la escasez de agua potable, lo que provoca falta de higiene.

Durante las entrevistas del consejo ciudadano se registró un número signicativo de quejas por maltrato físico y verbal. Agentes del INM o personal de seguridad ejerce violencia física o en forma de insultos y amenazas, incluso de muerte. "Se identificaron otras formas de violencia, como la discriminación, la negación de alimentos o productos de higiene, o de atención médica. La discriminación tiene una base xenófoba o racista", se expone en el documento.

También se detectaron celdas de castigo  o cuartos de tratamiento especial, que las personas detenidas suelen llamar “pozo” o “calabozo” por tratarse generalmente de espacios que no reúnen las condiciones dignas elementales.