Para que informen sobre las investigaciones contra cinco exalcaldes acusados de presunto peculado, el Congreso local aprobó llamar a comparecer al Auditor Superior y al Fiscal General del Estado; así como al Secretario de Finanzas, para que detalle el destino del préstamo por casi mil millones de pesos que el Gobierno de Coahuila adquirió en diciembre pasado.

Por el primer caso, mediante tres puntos de acuerdo, los diputados pidieron además al auditor Armando Plata y al fiscal Gerardo Márquez indagar “hasta las últimas consecuencias” lo ocurrido en los ejercicios 2014 y 2015 en Sabinas, Frontera, Acuña, Jiménez y San Pedro.

Y por el tema del crédito, también a través de un punto de acuerdo, la oposición solicitó la reunión del secretario Blas Flores con la Comisión de Finanzas para que aclare la utilización de los recursos.

En ese sentido, apuntaron que se debe reformar la ley para que los préstamos a corto plazo también tengan que ser aprobados por el Congreso del Estado.

Además de abonar a la transparencia, este último punto de acuerdo fue histórico en el Legislativo estatal: los cuatro partidos de oposición se unieron en la Diputación Permanente para avalar la propuesta, con ocho votos a favor y tres en contra (del PRI), lo cual no había ocurrido.