Tras el tercer debate, quedaron claras las agendas temáticas de los candidatos presidenciales. Todas son parciales y dejan mucho que desear. Un análisis completo no cabe aquí, por lo que lo que sigue se concentra en las principales debilidades y omisiones.
Primero, es lamentable la ausencia del tema del federalismo y de la urgente necesidad de actualizarlo. La distribución actual de competencias entre ámbitos de gobierno es obsoleta, y afecta la eficiencia de las políticas públicas, en especial de seguridad, educación, salud, y desarrollo social, con un gran costo para México.

Segundo, en seguridad pública ninguno planteó con suficiente detalle un esquema integral que fortalezca las organizaciones de seguridad. Esto implicaría superar el impasse político que caracterizó la administración de EPN, al definir la manera de organizar un nuevo sistema de seguridad, y cómo dotarlo de recursos suficientes y adecuados. En este contexto, precisar el rol de las Fuerzas Armadas es indispensable.

Tercero, en educación preocupan visiones radicalmente distintas, cuya esencia no se discutió. Por un lado, AMLO expresó su oposición a la reforma que echó a andar EPN, apuntando que es más importante proteger a los maestros que mejorar la calidad de la educación. Los otros candidatos señalaron, cuando mucho, su coincidencia con la reforma en marcha, pero eludieron la necesidad de separar la enseñanza media superior de las universidades, y de introducir exámenes homologados de admisión.

Cuarto, los candidatos reconocieron la importancia del acceso universal a la salud y la necesidad de avanzar hacia la unificación de los principales prestadores de dichos servicios, pero nada se dijo sobre la participación de los particulares en su oferta, lo que es central en los nuevos paradigmas de salud a nivel internacional; tampoco se precisó nada sobre la coordinación entre las instituciones federales y las estatales.

Quinto, todos los candidatos hablaron del Estado de Derecho, pero ninguno trazó las medidas indispensables para avanzar en esa ruta. No se propusieron reformas a los ministerios públicos, ni cómo solucionar la desorganización y corrupción del sistema judicial por incompetencia y nepotismo. Tampoco se plantearon prioridades para mejorar la justicia cotidiana.

Sexto, durante las últimas décadas es evidente el fracaso de las estrategias contra la pobreza, la informalidad y la concentración del ingreso. En 2007, la informalidad era 57.8%, y para 2018 es 56.7%. La población en pobreza fue de 49.5 milllones en 2008 y 53.4 en 2016. El 20% de la población más necesitada (deciles I y II) recibió 4.9% del ingreso, tanto en 2006 como en 2016. Es una vergüenza nacional la ineficacia y falta de énfasis de los gobiernos para mejorar. Todos mencionaron esa lamentable situación, pero las propuestas fueron, en el mejor de los casos, simplistas y parciales (por ejemplo, el ingreso básico universal).

Séptimo, en la medida que no hablaron de cómo generar mayores recursos para el sector público, sus propuestas quedaron en ciencia ficción. La precariedad fiscal de México es extraordinaria: se recauda 19.7% del PIB por todos los conductos (federal, estatales, municipales y seguridad social), en comparación con 34.4% en la OCDE. Todos eludieron el tema y lo derivaron a reducciones del gasto. Tampoco se mencionó el creciente problema financiero del sistema de pensiones.

Octavo, del Estado proveedor al Estado garante. Ninguno dio muestras de su comprensión de esa nueva manera de conceptualizar al Estado mexicano del siglo XXI, esto es, como un Estado que garantice los derechos de todos los mexicanos, y no como un Estado proveedor (con sus instalaciones, equipo y personal) de dichos servicios. Ese cambio, verdaderamente revolucionario, o no les pasó por la cabeza, o no se atrevieron a plantearlo. Se perdió otra gran oportunidad.

Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA