La iniciativa para la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, pues persiste en la idea de un presidente con poderes absolutos y que decide unilateralmente la actuación de las fuerzas armadas en todo el país, sostuvo Mary Telma Guajardo.

La secretaria de Alianzas del CEN del PRD dijo que a pesar de que no era necesaria una confirmación del fracaso del Gobierno Federal en materia de seguridad pública, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio cuenta de ello al promover la Ley de Seguridad Interior.

Dijo que ésta, más allá de velar por la paz y la seguridad de las y los mexicanos, persigue fines de propaganda electoral para un régimen decadente que insiste en la idea de un presidente con poderes absolutos.

“Con esta ley pretenden otorgar facultades al titular del Ejecutivo federal para que decida unilateralmente la actuación de las Fuerzas Armadas en todo el país, ello al margen de nuestro marco constitucional y del Congreso de la Unión, lo que evidencia la vocación autoritaria que pretenden perpetuar.

El PRI llega al proceso electoral con un país sumido en una pesadilla de violencia e inseguridad, resultado en gran medida de sus fallidas estrategias de seguridad y una corrupción generalizada que beneficia a las organizaciones criminales y poderes fácticos en general, por eso su desesperación y oportunismo para impulsar la Ley de Seguridad Interior”, opinó.

Dijo que en el PRD sostienen que esta ley, además, señala que sólo las protestas sociales “pacíficas” no serán consideradas como una amenaza.

“Eso abre la puerta a ‘neutralizar’ las protestas que no califiquen dentro de este ambiguo concepto, asimismo, pretende que la información sobre la aplicación de esta ley será considerada como materia de Seguridad Nacional y será clasificada e inaccesible”, explicó.

“En sus actuales términos, la Ley de Seguridad Interior no atiende ni resuelve el problema de la seguridad pública, por el contrario, da un amplio margen de discrecionalidad para la actuación de las Fuerzas Armadas.
“No reconoce los parámetros internacionales para el uso de la fuerza y no cuenta con controles claros en caso de declaratoria de afectación, lo que pone en riesgo los derechos humanos en México”, subrayó.