Como ha ocurrido con otros episodios de la historia reciente de Coahuila, el tiempo va confirmando las hipótesis y dejando sin argumentos a quienes protagonizan ejemplos que retratan el descuido -en el mejor de los casos- con el cual se ejercen las responsabilidades públicas en algunas áreas.

Eso justamente ocurrió ayer cuando un juzgado de distrito en materia civil formalizó lo que todos sabíamos hace ya mucho tiempo: que la sociedad financiera de ahorro popular Ficrea se encuentra quebrada y que los activos de los cuales dispone al momento, alcanzarán, con suerte, para restituir apenas la décima parte de los recursos entregadas a ésta por los ahorradores.

No hacía falta el fallo judicial para recordar lo que se ha dicho en múltiples tonos en Coahuila desde que inició el escándalo Ficrea: el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que encabeza Gregorio Pérez Mata, no logrará recuperar ni un sólo centavo de los más de 120 millones de pesos que el Poder Judicial de la entidad “apostó” en el mercado de riesgos a través de la financiera.

Y eso, como se ha explicado también de forma exhaustiva, tiene una explicación muy simple: existen reglas para la liquidación de empresas y para, en casos como éste, restituir los recursos de los ahorradores cuyo patrimonio se ve afectado por la quiebra.

En primer lugar es necesario tener claro -como ayer lo ratificó el juzgado en el cual se emitió la sentencia de bancarrota-, que existe un orden de prelación en los pagos a realizar. Para el caso particular, las instituciones gubernamentales con las cuales tuviera adeudos Ficrea cobrarán primero, enseguida los proveedores y al final los ahorradores.

Pero entre este último grupo también existen reglas de prelación, mismas que fueron establecidas desde que nuestro País atravesó por el muy costoso -en todos sentidos- episodio del Fobaproa: los pequeños ahorradores van primero y pueden aspirar a recuperar hasta el 100 por ciento de sus recursos; los “grandes ahorradores” van al final y eventualmente pueden no recuperar nada de lo “ahorrado” porque se les considera inversores que conocen bien el riesgo que corren y los mecanismos para minimizar las pérdidas.

Técnicamente pues, el TSJE es un “gran ahorrador” con capacidad para asistirse por expertos en mercados financieros y tomar las precauciones necesarias para minimizar riesgos y, en casos extremos, incluso absorber las pérdidas que una mala decisión financiera le provoque.

En los hechos, por supuesto, todos sabemos que el Poder Judicial de Coahuila, en lugar de ser un “gran ahorrador” es un “gran irresponsable” que, por un lado, carece de atribuciones legales para realizar inversiones de este tipo y, por el otro, fue advertido a tiempo de retirar los fondos que tenía depositados en Ficrea.

El epílogo de la historia ha llegado. Ahora ya no hay pretextos para que quienes tomaron las decisiones detrás de la historia comiencen a desfilar por el banquillo de los acusados.