Las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre podrán exigir a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México el acceso a las 40 carpetas de investigación que inició para deslindar responsabilidades en torno a los edificios colapsados, así como a que se les asigne un asesor jurídico y la reparación del daño.

Diana Cristal González Obregón, una de las abogadas redactoras y analistas del Código Nacional de Procedimientos Penales, explicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal prevé este derecho para los afectados.

Incluso, detalló en conferencia de prensa, se pueden aplicar medidas alternas de solución como la justicia restaurativa prevista por el nuevo sistema de justicia para que sean los agraviados junto con la comunidad los que decidan cómo quieren que se repare el daño, antes de llegar a juicio.

“Esta es una extraordinaria oportunidad de aplicar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, porque de esas 40 carpetas de investigación que se han abierto, la investigación avanzará de manera mucho más abierta, quiere decir que las víctimas, las personas afectadas, pueden conocerla desde el principio”, puntualizó.

Recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que las víctimas, en este caso las personas que lo perdieron todo, tienen derecho a conocer en cualquier etapa del procedimiento cómo está avanzando su asunto.

La doctora Obregón,  certificada a nivel internacional en juicios orales en la Southwestern University School of Law de Los Ángeles, California, detalló que los afectados  pueden acudir a la procuraduría capitalina y exigir que la autoridad les dé acceso en todo momento a las carpetas de investigación de su caso.

Además tienen derecho a que se les asigne un asesor jurídico, puesto que la ley les faculta a que en toda etapa del procedimiento, desde la investigación -aun cuando no esté judicializada- conozcan las diligencias, apoyar al Ministerio Público, aportar documentos o cualquier dato que le sirva a la Procuraduría para avanzar en la indagatoria.

“La Justicia Restaurativa sería una muy buena opción para estas personas para poner fin al conflicto penal, que es una figura anterior al juicio, rápida, en la que participan y junto con la comunidad dicen cómo quieren que se repare el daño. La viabilidad se tiene que analizar con los imputados, el constructor, el que pudo utilizar material que no debía haber empleado, entre otras cosas”

La abogada, quien es capacitadora en destrezas de litigio bajo un sistema acusatorio, certificada internacionalmente por Nita (National Institute for Trial Advocacy), dijo que independientemente de las particularidades que tendrá cada caso, podría haber acuerdos con los constructores antes de llegar a juicio, benéficos para los ciudadanos que han perdido todo. Esto puede concretarse a través de la Justicia Restaurativa, que es una salida que se puede solicitar desde este momento, ante el Ministerio Público

Se cita a los imputados, a los constructores, arquitectos, a quienes pudieran estar implicados, y las víctimas junto con la comunidad proponen la solución con apoyo de un experto, por ejemplo, que se proceda a la demolición de un inmueble que se va a caer y a construir uno nuevo, así como que los responsables corran con todos los gastos, y  a partir de esta figura en cuanto se repare el daño se extingue la acción penal.

Obregón González, quien diseñó el primer diplomado en Desarrollo de Estrategias Avanzadas en el Procedimiento Penal Acusatorio afirmó que es fundamental que éste se aplique de forma adecuada, porque a pesar de las críticas a su implementación “da certeza, transparencia, permite que la gente conozca cómo se está desarrollando el proceso, acota la corrupción, garantiza la reparación del daño y evita la impunidad”.