Luis Raúl González Pérez presentó el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, elaborado por la CNDH y la UNAM, y anunció que será enviado al Congreso Federal para que sea tomado en cuenta en los proyectos legislativos en la materia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar y orientar políticas públicas en favor del goce y ejercicio plenos del derecho al agua y al saneamiento, con base en su interdependencia con otros derechos y las garantías de igualdad y no discriminación en el acceso al vital recurso.

Al presentar el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, elaborado por la CNDH y la UNAM, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, lamentó que la disponibilidad de agua se haya reducido, lo que incrementó la brecha de desigualdad por su acceso en el territorio nacional, con afectación especial para las comunidades rurales.

El Estudio, realizado por la CNDH y la UNAM, afirma que, si bien las autoridades en materia de agua miden la contaminación orgánica y física de las aguas utilizadas en las ciudades en lo relativo a la calidad del elemento, las publicaciones oficiales no han mostrado la contaminación derivada de las descargas industriales, ni han evidenciado la remediación de los cuerpos de agua contaminados, ni el tipo de participación de los responsables de la contaminación.

Destacó la complejidad de los problemas de escasez hídrica y sobreexplotación de acuíferos que enfrentan algunas entidades federativas del norte del país, que se agravan por el uso de la fracturación hidráulica o fracking, que demanda volúmenes de agua de 9 a 29 millones de litros por pozo y uso de hasta 750 químicos tóxicos.  

Con base en dicha investigación, señaló que nuestro país cuenta con una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud, de la que destacan 51 ríos principales, cuyas cuencas cubren el 65% de la superficie territorial continental. Anualmente, México cuenta con 446,777 millones de metros cúbicos de agua dulce renovable con la cual se deben satisfacer las necesidades de la población, aseguró.

González Pérez indicó que la protección del derecho al agua debe guiar las discusiones para elaborar la legislación secundaria, aún pendiente, y sostuvo que es prioritario conjuntar esfuerzos para la armonización legislativa que incorpore estándares internacionales en materia ambiental y tome en cuenta el principio de precaución y los más avanzados criterios de sostenibilidad ambiental.

Ante Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM y Presidente de la Red del Agua UNAM; Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades; Adriana Sandoval Moreno, investigadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales, y Coordinadora Académica del Estudio, y Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH, el Ombudsman Nacional anunció que enviará el Estudio al Congreso Federal para que sea tomado en cuenta en los proyectos legislativos en la materia.

Ante los negativos escenarios que arrojó el Estudio, el derecho al agua y al saneamiento en relación con la protección de ríos, lagos y acuíferos requiere estrategias que faciliten acceso mayor y sostenible a ese recurso, en particular para las personas y comunidades de las zonas rurales y urbanas más desfavorecidas.

El Ombudsman nacional subrayó que una alianza de esa naturaleza será importante en la realización de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 6 que propone mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.

Leonardo Lomelí destacó la importancia de esta investigación, ya que el problema del agua afecta al país en forma transversal, ya que se refleja en la economía, la sociedad, convivencia social y conservación del medio ambiente, y por supuesto a varios derechos humanos cuando la gestión del agua no es la adecuada, la contaminación pone en riesgo los mantos de agua y su escasez ahonda los desequilibrios sociales.

Este problema se debe acometer desde la óptica de varios grupos multidisciplinarios desde su perspectiva ambiental y natural, pero también desde la dimensión económica y social.  Por ello, la importancia de la labor de la CNDH que ha ampliado su agenda de atención a los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales.

Domingo Alberto Vital señaló que el estudio es modelo de trabajo interinstitucional e interdisciplinario, y conjunta esfuerzos sobre temas muy importantes con perspectiva de derechos humanos con la conservación del agua y la preservación del medio ambiente.

Jorge Ulises Carmona Tinoco presentó un esquema de la situación de lagos, ríos, cuencas, a través de tablas, gráficas y mapas, describiendo la contaminación y sobreexplotación del agua, lo que incrementa los costos de suministro y el déficit constante en especial a los sectores más pobres de la población. De seguir así, planteó, en el año 2030 la sobreexplotación puede causar afectaciones a los sistemas y a la sociedad, difícilmente reversibles.

La investigación señala con claridad los problemas en tres grandes grupos: la sobreexplotación, contaminación, y disponibilidad; muestra un análisis jurídico de los derechos que deben permear, y propone soluciones orientadas al diseño de políticas públicas en materia de agua, y plantea la adecuación del marco normativo a los estándares internacionales en todos los órdenes de gobierno.

Adriana Sandoval dijo que la Coordinación de Humanidades de la UNAM tiene como parte de su visión la investigación de vanguardia y su vinculación con los asuntos y problemas prioritarios para el desarrollo nacional. Detalló que uno de esos temas es el agua superficial, subterránea y los problemas que las aquejan como sobreexplotación, contaminación de ríos, acuíferos, lagos, lagunas, así como los conflictos por el acceso, uso y control del líquido vital, pero también los rezagos en materia de derechos humanos.

Los temas que nos convocan a partir de este estudio son fundamentales y es un paso más para las relaciones coordinadas entre las diversas instituciones gubernamentales, pero también con la universidad, la sociedad civil organizada y no organizada, en estos temas que nos aquejan, concluyó.

En declaraciones posteriores a la presentación del Estudio, el Ombudsman nacional, subrayó que el derecho al agua es un tema de la agenda de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, son derechos que están contenidos en el Artículo 4° Constitucional, pero además tiene que verse en relación con el medio ambiente, con la protección de la salud, con el desarrollo y, por eso los parámetros y los principios que decimos, sobre todo, para sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Es decir, el agua es un derecho humano ya reconocido, y entonces ahora, lo que se tiene que hacer son normas, que materialicen ese derecho ya contenido y políticas públicas.

Lo que queremos junto con la Universidad Nacional es por un lado decir: ahí está el tema, es delicado, hay que atenderlo, y desde luego, el estudio es para las autoridades actuales, pero también para que forme parte de la agenda de quienes quieran gobernar.