MAZATLÁN._ Era el 1 de septiembre de 2014, y en su cargo de Oficial Mayor del Ayuntamiento, Salvador Reynosa Garzón llegó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Mazatlán con una propuesta para reponer los vehículos oficiales del Gobierno municipal.

Argumentó que el Cabildo había decidido dar de baja 87 unidades por estar en condiciones de chatarra, pero como no había fondos suficientes para reponerlos con una compra directa, se propuso recurrir a un esquema de arrendamiento.

Un día después los cinco funcionarios más que integran ese Comité aprobaron las bases para la licitación: María del Rosario Torres Noriega, Secretaria del Ayuntamiento; Carlos Tapia Parral, Tesorero; Sergio Wong Ramos, director de Obras Públicas; Julio Guerra Echeagaray, director de Servicios Públicos; Loar López, regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda; y Francisco Javier Álvarez Díaz, contralor como testigo de calidad.

Todos del círculo cercano del Alcalde Carlos Felton González.

Lo anterior, pese a que los funcionarios sabían que en unos meses más, con el cambio de año, habría fondos para la adquisición directa de los vehículos.

Así, la propuesta del que sería en 2016 candidato del PAN a la Alcaldía de Mazatlán se concretó en que la administración municipal adquiriera un contrato para arrendar 77 vehículos por casi el doble de su costo real en el mercado.

La administración municipal decidió así adquirir una deuda de 120 millones 241 mil 428.60 pesos por la renta de las unidades, cuando pudo haber gastado solamente 63 millones 936, 522.68 pesos si el servicio hubiera sido contratado de manera directa.

El contrato adjudicado fue respaldado por el Alcalde Felton González y visto también por el Síndico Procurador, Javier Magaña Lizárraga.

Una semana después de la primera reunión del Comité, el 10 de septiembre de 2014, la licitación se publicó en la plataforma Compranet con el número LA-825012984-N5-2014, proceso que concluyó el día 30 del mismo mes con la adjudicación a una empresa mexiquense, Lumo Financiera del Centro S. A. de C. V., ligada a un político ex colaborador del Presidente Enrique Peña Nieto.

La licitación y adjudicación presume irregularidades en el beneficio a una sola empresa y en el monto que el Gobierno municipal estuvo dispuesto a pagar.

La opacidad del arrendamiento de los 77 vehículos se ha hecho público a nivel nacional; en agosto pasado los regidores Esperanza Kasuga y Humberto Becerra lo expusieron en el Congreso Empresarial Anticorrupción de la Ciudad de México como un caso de presunta corrupción en el Gobierno de Mazatlán; también lo llevaron a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y al Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C.

La complicidad

Durante el proceso de licitación y adjudicación, el Gobierno de Mazatlán mostró interés por apresurar el contrato; sólo en 30 días, del 1 al 30 de septiembre, lanzó la licitación, celebró la Junta de Aclaraciones, abrió sobres con propuestas técnicas y económicas; y emitió un fallo.

En un expediente en poder de Noroeste consta que el Comité de Adquisiciones fue responsable de aprobar el arrendamiento.

El Alcalde Carlos Felton González no aparece en el contrato, ni figura con algún cargo en el Comité de Adquisiciones, pero sí es responsable de avalar las deudas públicas del Municipio, como ésta.

Un día después de esa propuesta, el Tesorero Municipal, Carlos Tapia Parral, emitió el oficio número 482/2014 en el que notifica que sólo había 15 millones de pesos de techo financiero, recursos que no eran suficientes para la compra de de vehículos, pero las proyecciones para 2015 y 2016 era tener más aportaciones que darían capacidad de adquirir las unidades de contado; sin embargo, al final, el Tesorero también aceptó el arrendamiento.

Para el 29 de septiembre, el Comité de Adquisiciones notificó a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A de C.V SOFOM ENR que su propuesta económica fue aceptable, y al día siguiente firmó el contrato de arrendamiento número 0005-ARR-001.

Esta empresa está ligada al político mexiquense Luis Humberto Montaño García, quien en 2011 colaboró en el Gabinete de Enrique Peña Nieto durante su mandado en el Estado de México. En el portal la firma tiene limitada su información, apenas promueve sus servicios y el contacto. No hay directorio.

Esta empresa, con sede en Tlanepantla, Estado de México, ganó con una propuesta de 120 millones 241 mil 428.60 pesos por arrendar los 77 vehículos; los pagos se dividieron en 26 mensualidades de 4 millones 624 mil pesos, la última, de este mes.

En una investigación de mercado local, este mismo servicio fue cotizado por los regidores en 63 millones 936, 522.68 pesos. Es decir, el Gobierno municipal aceptó un contrato con un sobreprecio de 56 millones 304 mil 805 pesos, prácticamente el doble del costo real.

Al término del arrendamiento la Comuna habrá pagado 1.5 millones de pesos en promedio por cada vehículo, esto va en contra de las propias bases de la licitación, pues en el punto XI establece que el contrato se adjudicará a quien presente y garantice las mejores condiciones en calidad y precio. Incluso en el apartado de “criterios de evaluación” indica que la licitación debe asegurar “las mejores condiciones para el municipio”.

Pero no sólo la Comuna se apresuró para cerrar el contrato, la empresa Lumo Financiera del Centro S.A de C.V. también actuó rápido: en menos de dos semanas puso los vehículos a disposición de las autoridades; y en diciembre el Alcalde Felton González las entregó.

De esas 77 unidades cuatro camionetas Patriot 2015 quedaron en manos de los funcionarios que integran el Comité de Adquisiciones; fueron asignadas para uso particular de la Secretaría del Ayuntamiento, del Tesorero, del director de Obras Públicas; y otra para Reynosa Garzón, quien propuso el contrato.

Precios inflados

Con el contrato ya firmado, la Comuna aceptó un pago de total de 51 millones 512 pesos, sólo por el valor de los vehículos, pero en una investigación de mercado local la cotización por esas mismas unidades fue de 37 millones 094 mil pesos.

La diferencia es de 14 millones 417 pesos, 30 por ciento más, lo que también se traduce en que por cada 7 pesos que costó un vehículo, el Ayuntamiento pagó tres más al contratar el arrendamiento.

El costo se elevó más cuando la empresa agregó el pago por “conceptos adicionales” como pólizas de seguro, tenencia, y calcas.

El contrato establece el pago de 3 millones 315 mil pesos por la administración de ese mismo contrato, un servicio opcional que la Comuna decidió pagar, pero a un costo que duplica el de otras ofertas. Incluso, el área Jurídica del Ayuntamiento tiene facultad para este servicio.

En los pagos por tenencia vehicular, el contrato indica 4 millones 315 mil pesos, pero el pago de este servicio ante Gobierno del Estado apenas llega a los 978 mil pesos. Es decir, la propuesta de la empresa fue 3 millones 336 mil pesos más.

En el caso del pago de seguros, el contrato propuso 8 millones 682 mil pesos por los 77 vehículos, cuando en el mercado fue cotizado en 2 millones 755 mil 872 pesos. Lo que significó que la Comuna pagara casi el triple.

En el concepto de placas el contrato propuso un pago de 348 mil 881 pesos, cuando el cobro real por los vehículos que hace el Gobierno estatal, según su modelo, fue de 81 mil 158 pesos; la empresa también elevó al triple en el contrato el costo por ese servicio.

La decisión del Gobierno municipal al acceder a este arrendamiento le significó pagar un sobreprecio de 56 millones 304 mil 805 pesos por la renta de vehículos.