El 27 de septiembre celebramos el 58 Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica (1960) decretada por el presidente de la República, Adolfo López Mateos. Desde la primera concesión, de Porfirio Díaz, la industria eléctrica se caracterizó por altas tarifas y empresas privadas que sólo generaban para zonas urbanas redituables. Para los años treinta, “dos grupos detentaban 80 por ciento de la generación del País, se construían plantas sin política para electrificar el País” (Inegi). Ante esto, en 1937, Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución… sin propósitos de lucro… en beneficio de los intereses generales”. Pesa al crecimiento de la CFE, a final de los años cincuenta, la industria mantenía el sistema de generación no uniforme y el sistema de transmisión fragmentado; además de que sólo 44 por ciento de los mexicanos tenía servicio eléctrico. López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, sin expropiarla. En abril de 1960 instruyó a Antonio Ortiz Mena (secretario de Hacienda) nacionalizar los dos grandes grupos de la industria; primero adquirió las compañías pertenecientes a la American and Foreign Power Company, como lo narró en su Informe del 1 de septiembre de 1960: “ésta fue una operación financiera muy favorable…”, además —añade López Mateos— “a fin de integrar definitivamente el sistema nacional de la generación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, y que el pueblo mexicano sea el único dueño, también adquirimos la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales… El pueblo de México ha erogado 650 millones que le permiten entrar en posesión de activos que representan 3 mil 375 millones aproximadamente”.

El 27 de septiembre de 1960, Ortiz Mena tomó posesión de la Mexican Light and Power Co. —como lo narró El Universal—, izó la bandera nacional frente a miles de trabajadores que se dirigieron al Zócalo, siendo recibidos por López Mateos, quien bajó a la Plaza y, al regresar al Palacio Nacional, dijo desde el balcón: “… se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica… La nacionalización… es una meta alcanzada por el pueblo... para que acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización”. Al mes presentó su iniciativa a la Cámara de Diputados “para garantizar la efectiva realización del propósito de que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica debe sustentarse en razones de beneficio social”. La iniciativa adicionó el párrafo sexto del Artículo 27 constitucional, aprobada el 29 de diciembre con el siguiente texto: “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines” (Diario Oficial de la Federación).

Los logros de la CFE fueron inmediatos: “en cuatro años incrementó su propia capacidad en 120 por ciento, había rebasado a la generación que en más de 60 años instalaron las empresas particulares” (Inegi). Invaluables aportaciones de la reforma de la nacionalización y la reforma de López Mateos: el sistema de generación uniforme, uno de los sistemas de redes de transmisión y distribución más extenso y articulado del mundo para garantizar electricidad para todos, casi 100 por ciento de los hogares mexicanos tienen ya electricidad. Su legado permanece en la Constitución actual: “corresponde a la Nación… el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en esas actividades no se otorgarán concesiones…”.