La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso contra la Ley Bonilla, que aumenta el plazo del gobernador de Baja California para estar frente al estado de dos a cinco años.

Con este recurso se pretende que sean anuladas las reformas a la Constitución del estado de Baja California que ampliaron de dos a cinco años la gestión del gobernador Jaime Bonilla.

La acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH se acumulará a las que interpusieron los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y el Partido de Baja California.

De acuerdo con la lista extraordinaria de notificaciones del alto tribunal, el motivo de ello es que todos estos medios de control constitucional abordan el mismo tema, además de que también fueron admitidos a trámite para su análisis.

La acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 y 120/201 fueron asignadas para su estudio a la ponencia del ministro Fernando Franco González Salas.

Lo mismo que la controversia constitucional que presentó la administración del ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Hace unos días, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó en su cuenta de Twitter que "ante tantas expresiones, no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada 'Ley Bonilla' es la SCJN".

Puntualizó que esta "determinación se tomará en su momento, con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes".