La Secretaría de Hacienda y Crédito Público controlará el gasto del presupuesto que realicen las instancias de gobierno federal, en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. También se encargará de todas las compras y adquisiciones, lo que no ocurría en administraciones anteriores, publicó Animal Político.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desapareció la figura de Oficial Mayor de las Secretarías de Estado y en su lugar funcionarán las Unidades de Administración y Finanzas, —a cargo de Hacienda— que distribuirán los recursos en cada dependencia.

Existen tres excepciones: la Secretaría de Defensa Nacional, de Marina y Hacienda, que conservarán el puesto de Oficial Mayor.

Los cambios administrativos impactará en tres ámbitos, el primero: las dependencias ya no realizarán sus propias compras, como ocurría a través de la Oficialía Mayor. Ahora lo hará directamente la Secretaría de Hacienda, en una intención de evitar burocracia y, sobre todo, corrupción, según argumentó el nuevo gobierno federal.

Marco Fernández, investigador de México Evalúa y maestro de la Escuela de Gobierno del Tec, asegura que la centralización no evita la corrupción porque se está fincando la confianza y responsabilidad en las personas que estén al frente de esta área en Hacienda.

La eficiencia también estará en duda porque las necesidades de compras son muy distintas entre las dependencias y entidades de la administración pública. Si bien todo estará controlado desde la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, el nivel de especialización para realizar estas compras que requiere la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es igual a la de Agricultura o en entes como el IMSS o Pemex, por ejemplo.

Las Unidades de Administración y Finanzas tienen menor jerarquía administrativamente que una Oficialía Mayor, que estaba a nivel de subsecretaría de Estado. Lo que repercutirá en el resto de cargos de esa área, lo que a su vez afectará el Servicio Profesional de Carrera de la administración pública, es decir, el método meritocrático mediante el cual los funcionarios públicos se certifican, obtienen mayores capacidades y, por ende, mejor salario.

La profesora de la UNAM, María de Jesús Alejandro, asegura que si bien es necesario tener una gestión pública eficiente, para decidir adelgazar la estructura “primero hay que demostrar que sobra lo que se quiere quitar”, por ello, propone, el gobierno federal debería apoyarse en un comité de expertos para este tipo de decisiones.