Acusados por despojo de inmueble, al menos dos de los integrantes del movimiento en contra del confinamiento de residuos peligrosos en General Cepeda recibieron ayer citatorios para una audiencia judicial.

Firmado por Olga Deyanira Fuentes Ramos, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Saltillo, los citatorios fue entregado en el ejido Noria de la Sabina.

En ese ejido cepedense, desde el 6 de octubre pasado un grupo de campesinos mantienen bloqueada la entrada al predio donde hasta ese momento se construía el Cimari.

Los documentos fueron dirigidos a Pedro Hernández Delgado, ejidatario de Noria de la Sabina, y a Pedro Vielma Rodríguez, comisariado Ejidal de San Antonio del Jaral, otra de las comunidades que se oponen al confinamiento por considerar que contaminará la tierra y el agua de la región. 

Los imputados fueron citados a una audiencia inicial el lunes 19 de octubre a las 11:00 horas. 

De acuerdo al documento están acusados del delito de despojo de inmueble y se les advierte que de no presentarse se podrá girar una orden de comparecencia en su contra. 

“Yo no voy a ir porque no he hecho nada malo, no he cometido ni un error, no he robado ni matado, ni nada”, expresó Pedro Vielma, “nosotros andamos defendiendo nuestras tierras, porque nosotros ahí vivimos, ¿y para dónde vamos a agarrar si nos van a contaminar todo?”. 

“Que vengan aquí ellos, que se presenten aquí en el terreno, nosotros qué tenemos que ir a hacer en las oficinas de ellos”, dijo por su parte Pedro Hernández, “nosotros estamos peleando nuestro terreno por eso estamos aquí”. 

Los campesinos expresaron que se trata de una forma de intimidación, pero afirmaron que no los harán claudicar en su lucha. 

“Somos muchos”, manifestó Hernández, “yo no me mando solo, manda la gente, somos 20 ejidos a quienes nos van a perjudicar por lo pronto, ya después van a ir contaminando más ejidos”. 

Los campesinos insistieron en que no están invadiendo propiedad privada porque el camino donde se encuentra el campamento se “vendió” de forma ilegal a Javier Calderón, representante de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMNSA). 

El trámite de redestino de las tierras ejidales, donde el camino pasó de ser de uso común a un predio parcelado y bajo la posesión de SEMNSA, se firmó el 31 de agosto de 2014 con el aval de 28 de los 37 ejidatarios de Noria de la Sabina, más del 75 por ciento requerido por la Procuraduría Agraria. 

No obstante, los inconformes aseguran que fueron engañados porque no se dijo que serviría para la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos y que fueron vendidas 45 hectáreas a 2 mil pesos cada una.