En un nuevo y escabroso episodio relacionado con el presunto abuso sexual de niños sordos en la provincia argentina de Mendoza, una monja católica fue acusada por la justicia de haber facilitado y consentido las violaciones.

La japonesa Kosaka Kumiko, de 42 años, fue imputada la noche por un fiscal de “comisión por omisión del abuso sexual con acceso carnal”, entre otros cargos, y quedó detenida en la Penitenciaría de Agua de las Avispas en la ciudad de Mendoza.

Durante una declaración de ocho horas la religiosa, vestida con un hábito gris y esposada, se desvinculó de las supuestas violaciones ocurridas en el Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con hipoacusia en la localidad mendocina de Luján de Cuyo. Por esos hechos están detenidos e imputados dos sacerdotes -uno de los cuales fue denunciado por los mismos delitos en Italia- y tres exempleados laicos del centro.

"Negó todo y en un momento dijo que ella estaba allí para hacer el bien”, dijo Martín Ahumada, portavoz del fiscal general de la provincia de Mendoza.

La religiosa, que tenía como misión guiar espiritualmente a los niños sordos, fue acusada por una exalumna de haber ocultado la hemorragia que sufrió cuando supuestamente fue violada de niña por el sacerdote Horacio Corbacho, uno de los detenidos con prisión preventiva desde fines de 2016.

La joven denunció que la monja le puso un pañal para disimular el sangrado que le había provocado la violación.

La acusación completa contra la monja, quien se entregó esta semana tras permanecer prófuga durante un mes, es “comisión por omisión de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor”, indicó Ahumada.

Según las denuncias Kumiko -que posee nacionalidad argentina- también golpeaba a los alumnos, los estudiaba para “entregar” a los más débiles a sus victimarios y los corrompía con prácticas como la visualización de pornografía. La monja vivió en el Próvolo entre 2004 y 2012 y tomó los hábitos en la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto.

Varias jóvenes señalaron que Kumiko era muy unida a Corradi y que encubría los abusos que ocurrían en el instituto.

De ser hallada culpable en un juicio ella y el resto de los acusados podrían recibir entre 10 y 50 años de cárcel.

El escándalo en el colegio para sordos se destapó en 2016 cuando una de las supuestas víctimas se animó a denunciar los presuntos abusos sufridos cuando era una niña. A partir de ese momento se sucedió una catarata de denuncias de al menos 20 presuntas víctimas y testimonios de unos 100 testigos en contra de Corbacho, de 55 años, del sacerdote italiano Nicola Corradi, de 82, y los exempleados José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez.

Los acusados han negado los cargos y todos están confinados en un penal menos Corradi, que goza de prisión domiciliaria por su avanzada edad y problemas de salud.

El nombre de Corradi apareció públicamente en 2009 cuando decenas de sordos italianos del Instituto Antonio Próvolo de Verona dijeron haber sido abusados en dicho centro por 24 curas, laicos y hermanos religiosos desde la década de 1950. La lista de abusadores fue publicada en internet y especificaba que el sacerdote italiano estaba en Argentina.

En 2012 la diócesis de Verona sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.

El nombre del cura volvió a aparecer en una carta dirigida al papa Francisco en octubre de 2014 en la que las víctimas italianas le hacían notar que Corradi estaba en Argentina desde los años ochenta junto a otros tres sacerdotes presuntamente abusadores.

Pero el sacerdote permaneció dirigiendo el instituto para sordos en Mendoza hasta que a fines de 2016 el centro fue cerrado por las denuncias. Una comisión investigadora del Vaticano integrada por sacerdotes argentinos estuvo recientemente en Mendoza para informarse sobre las denuncias contra los curas detenidos.