CDMX.-  La Comisión Federal de Electricidad ha dado contratos a compañías de Coahuila que tienen sanciones vigentes y a otras que arrastran un largo historial de muere de empleados por operar en condiciones inhumanas, según un reportaje realizado por Proceso el cual añade más irregularidades de las que ya se han publicado en VANGUARDIA.

En particular, Proceso señala al empresario Eduardo Morales quien permitió la operación de la llamada “Pocito Boker”, así como otras minas de las cuales se tiene registro que murieron nueve trabajadores.

Morales no paró, solo cambió la razón social de su compañía para seguir operando y, el 28 de marzo de 2014, otros dos obreros del carbón perdieron la vida sepultados por un alud en unas cuevas cercanas a los anteriores siniestros.

Según señala el reportaje de la revista semanal, El empresario, por medio de su hijo homónimo, obtuvo dos contratos de carbón con CFE, la empresa productiva del Estado cuyo titular es Manuel Bartlett Díaz, quien priorizó la reactivación de las compras a las minas rudimentarias de la región carbonífera en Coahuila.

A Carkim Industrial, la CFE le dio un contrato por 21 millones 224 mil pesos junto con Rodamientos y Equipos de Sabinas, de la cual se desconoce su presupuesto, ambas de Eduardo Morales.

Estos contratos son parte de 54 que la Comisión ha asignado a pequeños productores de carbón para alimentar las carboeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en Nava, Coahuila, localidad cercana a la frontera.

Con base a lo registrado en el reportaje de Proceso, el mismo reporte de la dependencia de electricidad identificó en buenas condiciones a solo 12 de las 54, 33 están pendientes de cumplimiento, ocho están pendientes de clarificar aspectos laborales, fiscales, ambientales y de seguridad y sobre una no se tienen datos pues acaba de pactar su acuerdo.

De esas mismas 54, 43 tienen un historial de operaciones irregulares, de muertes por negligencia en la extracción o por condiciones de incumplimiento con normas básicas laborales, ambientales o de seguridad.

ILEGAL

Los productores del carbón en la región, como en el mencionado caso de Eduardo Morales, acumulan en 20 años un largo expediente de muertes de trabajadores, aproximadamente 200 desde 2001, así como numerosas violaciones a las normas relacionadas con su actividad.

Proceso afirma que estos casos van desde el trabajo infantil, pues suelen usar mano de obra de adolescentes de 15 años, pasando por los subregistros ante el IMSS, hasta la evasión de obligaciones fisca-les. Operan minas clandestinas imposibles de inspeccionar que, en muchos casos, son auténticas cuevas sin ademes ni normas básicas.

De los recién contratados por CFE, destaca la Compañía Minera Díaz, beneficiaria de un contrato de 35.3 millones de pesos para surtir 34 mil toneladas de carbón.

‘EN FAMILIA’

Además, según lo que data el reportaje del semanario, se puede observar que en estos acuerdos por escrito, dos o más empresas son de un mismo dueño o hay relaciones políticas en sus sociedades.

Destaca el grupo familiar de David Yutani, a nombre de su hermana Gloria, quien fue dos veces presidente municipal de Sabinas (una por el PRI y otra por el local Unidad Democrática de Coahuila), quien recientemente ha sido relacionado con Morena, el cual tiene a su poder tres firmas: Rsy Minera, Minera Carbonífera Dos Glorias y Minería Los Arcángeles, con contratos que van de los 35 millones a los 16 millones de pesos.

Proceso destaca también el Corporativo El 88, de la mencionada familia González Garza, conocidos como Los Mupos, asociados en diversas concesiones con Jesús María y Rogelio Montemayor, el primero es expresidente municipal por el PRI de Sabinas y el otro es exgobernador de Coahuila.

El semanario también resalta la participación de Coalfusion Minning, del empresario saltillense Daniel Calvert.
A Eduardo Morales, se le conoce la sociedad histórica con el exalcalde priista de Progreso, Federico Quintanilla. 

ENTÉRESE

En los contratos pactados por CFE y estas empresas, en buenas condiciones solo hay 12 de 54, 33 están pendientes de cumplimiento, ocho están pendientes de clarificar aspectos laborales, fiscales, ambientales y de seguridad y sobre una no se tienen datos.

(Con información de Proceso)