Xalapa, Ver. Un juez libró una orden de aprehensión contra Jorge Winckler Ortiz, fiscal de Veracruz separado temporalmente de su encargo, y cinco ex funcionarios de su primer círculo de confianza, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

La orden de aprehensión corresponde al proceso penal 296/2019, y fue librada ayer contra Winckler, Luis Eduardo Coronel Gamboa, ex fiscal de Desaparecidos y fiscal Regional de Xalapa; Marcos Even Torres Zamudio, fiscal Anticorrupción; Roberto Mora Mil, responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; y los policías ministeriales: Sergio García Celis y Uriel González.

El caso por el que Winckler Ortiz y sus colaboradores recibieron orden de aprehensión está vinculado a Francisco Zárate Aviña, jefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal estatal durante el gobierno de Javier Duarte.

Zárate Aviña presentó denuncias ante autoridades federales por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro e involucra a Winckler Ortiz y sus colaboradores.

Al cierre de esta edición, se reportaban cateos policiacos en domicilios de Winckler Ortiz y los otros acusados. Incluso, el ex gobernador Duarte se dio por enterado de la orden de aprehensión y envió un mensaje a Winckler.

No soy partidario de las venganzas, esos métodos son de los gángsteres, soy fiel creyente de la justicia. Se cosecha lo que se siembra y esto es el principio de lo que seguramente será una buena zafra, escribió el ex gobernador.

Winckler Ortiz, abogado vinculado al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), tomó protesta como fiscal general de Veracruz el 31 de diciembre de 2016. De acuerdo con la legislación vigente, gozaría de autonomía en el cargo y su periodo duraría nueve años, de 2016 a 2025.

Durante el gobierno del pa-nista Yunes Linares, Winckler Ortiz encabezó las investigacio-nes en contra de varios ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Además se distinguió por confrontarse con familiares de personas desaparecidas y por bloquear periodistas en redes sociales.