Otra vez sacude a México un escándalo de supuesta malversación de dinero del erario. Otra vez se presume que tales recursos fueron para financiar campañas electorales del PRI. Y otra vez los presuntos responsables son políticos coahuilenses expertos en finanzas. 

El caso de corrupción que hoy por hoy es tema de polémica en los medios de comunicación nacionales e internacionales, y que amenaza con empañar las campañas del PRI y sus candidatos es, desde luego, el del saltillense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Exsecretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, “La Coneja” Gutiérrez está detenido desde el 21 de diciembre pasado en Chihuahua, acusado de haber participado en un esquema sofisticado para desviar recursos públicos destinados al fortalecimiento de programas educativos de esa entidad en el año 2016. 

Gutiérrez habría desviado unos 250 millones de pesos mediante contratos con empresas fantasma, que por lo general pertenecían a otros políticos priistas. Estas empresas aparentaban ofrecer cursos para padres de familia, asesorar a maestros o desarrollar software, pero en realidad iban a las arcas del PRI con el objetivo de financiar sus campañas electorales.

‘PEMEXGATE’
Un trance similar padeció el exgobernador de Coahuila Rogelio Montemayor Seguy que, en 2002, cuando era Director General de Pemex y junto con otros funcionarios de la petrolera, fue acusado de peculado, uso indebido de atribuciones y peculado electoral.

Las denuncias se hicieron por el supuesto desvío de recursos públicos en favor de la campaña electoral de Francisco Labastida, candidato del PRI a la Presidencia de México, en lo que fue conocido como “Pemexgate”.

El escándalo estalló el 8 de junio de 2000, tres semanas antes de la elección en la que Vicente Fox, el candidato de Acción Nacional, se alzó como el primer opositor en tirar al PRI de Los Pinos, pasando por encima del priista Labastida.

Montemayor Seguy, actual presidente del Clúster de Energía de Coahuila, fue Diputado federal en la 54 Legislatura (1988-1990); Senador de la República en la 55 Legislatura (1991–1993). De 1993 a 1999 fue Gobernador de Coahuila. Al concluir su mandato, el entonces presidente Ernesto Zedillo, lo designó Director General de Petróleos Mexicanos, cargo que desempeñó el resto del sexenio.

Pero el viernes 4 de octubre de 2002, fue liberada una orden de aprehensión completa contra exdirectivos de Pemex y del PRI como presuntos responsables de peculado electoral. Con la indagatoria de la Procuraduría General de la República llegó a integrarse una carpeta que alcanzó las 50 mil fojas. 

Ese día –publicó tiempo después la revista Proceso– se giró un cheque de Pemex por 640 millones de pesos a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),  con cargo a una cuenta en Inverlat de Pemex. Se trataba de un supuesto préstamo cobijado en el convenio administrativo-sindical 9399.

“Según el sindicato, el dinero fue usado para atender compromisos de carácter laboral, penal, fiscal y civil. El Gobierno federal actual, sin embargo, argumenta que se han encontrado evidencias e indicios de que los 640 millones de pesos llegaron finalmente a las arcas del PRI, en apoyo a la desfalleciente campaña de Labastida”.

El 31 de mayo de 2000, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, secretario general y tesorero del sindicato petrolero, enviaron un oficio al exsecretario de Gobierno de Coahuila, Carlos Juaristi Septién, para entonces director corporativo de Administración de Pemex, para autorizar el préstamo que se pagaría en 20 meses.

La petición fue atendida prácticamente de inmediato. El préstamo se formalizó el 5 de junio. Por Pemex, firmaron los coahuilenses Montemayor y Juaristi, además de Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Finanzas, y Julio Pindter, subdirector corporativo de Relaciones Laborales; y por el sindicato signaron Romero Deschamps y Aldana.

Al día siguiente, Juaristi y Domene notificaron mediante un oficio la autorización del préstamo a José Antonio Manzur Kobe, gerente de Administración Financiera, y le pidieron “expedir el título de crédito” por los 640 millones de pesos. Anexaron copia de “Recibo” por ese monto, suscrito por Romero Aldana, fechado el 12 de junio.

Pero el cheque salió el 8 de junio, una vez que se cumplió en la torre de Pemex el último trámite un día antes: Teresita de Jesús Maldonado Ordóñez, superintendente de Egresos, solicitó a Yazmín Rodríguez Martínez, subgerente de Tesorería Institucional, que transfiriera los fondos de la cuenta 213575-2 en Inverlat, por concepto de “préstamo al STPRM”.

El mismo 8 de junio, Aldana depositó el cheque por 640 millones de pesos en una sucursal de Banorte en la colonia Lorenzo Boturini de la Ciudad de México. Según José Luis Córdova, director de Atención a Clientes Zona Centro de Banorte, Aldana estuvo en el banco a principios de junio para informarse sobre los requisitos de apertura de cuenta y el 6 la abrió, con 5 mil pesos.

Los 640 millones de pesos fueron retirados de Banorte mediante 14 cheques, y se cobraron en efectivo en la Caja General del banco en La Viga, a espaldas del mercado de Sonora. Antes de efectuar el pago, declaró un empleado de Banorte, “se recibió la carta en donde se señalaban los nombres de las personas que acudirían a recoger el efectivo que correspondía a un cheque que el cliente deseaba cambiar…”

Según testimonios diversos, esas personas laboraban en el PRI, precisamente en el área de Finanzas, y son por tanto el eslabón que relaciona el préstamo de Pemex al sindicato petrolero con la campaña de Labastida.

En ese contexto, el “Pemexgate” empezó a ser conocido por la opinión pública cuando Montemayor visitaba legalmente en Estados Unidos, y fue sujeto de un procedimiento de extradición de octubre de 2002 a julio de 2004.

“El uso preciso de los 640 millones de pesos aún se desconoce”, señala Proceso. “Por versiones de varios testigos, se sabe que unos 40 millones fueron empleados por la secretaría de Operaciones Políticas del PRI. Otra parte fue usada por la secretaría de Elecciones. Se entregaron unos 18 millones a Téodulo González para que a su vez los distribuyera a representantes de Operaciones Políticas de comités estatales, entre ellos los del Distrito Federal, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua”.

Se acreditó igualmente la presunta responsabilidad de los directivos de Pemex,  Montemayor, Juaristi, Domene y Pindter, en la comisión del delito de peculado electoral, “toda vez que ha quedado demostrado en autos que, en su calidad de servidores públicos, destinaron de manera ilegal fondos de los que disponían en razón de sus cargos”, vía el STPRM, para apoyar al PRI en el proceso electoral del año 2000.

La operación se evidencia en el convenio 9399 suscrito el 5 de junio de ese año, apunta el juez, “para lo cual resulta relevante la propia declaración ministerial de Rogelio Montemayor Seguy, quien reconoció haber participado en la suscripción del convenio… argumentando que dicha operación se llevó a cabo y se documentó con toda transparencia, que se informó a todas las instancias y autoridades respectivas, aun cuando no precisa a qué instancias y autoridades se refiere…”

De viaje en Estados Unidos, durante ese tiempo, al extitular de Pemex, se le permitió estar en libertad bajo fianza, a la espera de la resolución de extradición, la cual fue concedida a las autoridades mexicanas.

A su arribo a México, el 2 de septiembre de 2004, fue puesto en libertad, al amparo de la suspensión definitiva que concedió un Juzgado en México, el sexto "A" de Distrito en Materia de Amparo, mientras la justicia federal analizaba y resolvía sobre la legalidad de las acusaciones que le imputaba la PGR.

Tales acusaciones fueron eventualmente desechadas por la justicia federal y Rogelio Montemayor fue totalmente exonerado de todos los cargos.

De los dos coahuilenses acusados de malversación de fondos públicos para refaccionar financieramente a su partido, el Revolucionario Institucional, Montemayor ya tiene su caso cerrado. Parece que Alejandro Gutiérrez tiene aún un largo proceso por delante.